Una trilogía colombiana: Cultivos ilícitos, Conflicto armado y ayuda militar norteamericana

Introducción

I Putumayo, Guaviare y Caquetá: periféricos para el Estado, centrales en el conflicto

El departamento del Putumayo como parte de los entonces denominados " territorios nacionales" se desarrollo a partir de mediados de la década de los cincuenta y hasta aproximadamente el final de la década de los setenta una colonización tradicional por parte de campesinos sin tierra promovida por el Estado resultado de este proceso se poblaron las cercanías de la carretera Mocoa-Puerto Asís, zonas aledañas a la carretera Pasto-Mocoa-Puerto Asís (promovida por el INCORA mediante el proyecto Putumayo I). El descubrimiento por parte de la empresa TEXACO de grandes reservas de petr{oleo en la zona de Orito y Temblón marcó el inicio de una nueva colonización motivada por las aparentes oportunidades de empleo que surgieron alrededor de la explotación petrolífera . Finalmente el escaso desarrollo agrícola putumayense favoreció el inicio de la producción de coca que años más tarde atraería mayores masas de población campesina. Por último cabe destacar la experiencia de colonización militar , diseñada y ejecutada por el Ministerio de Defensa desde 1975 concentrándose en el espacio entre los ríos Caquetá y Putumayo que habían de ser poblados con soldados preparados en la Escuela de colonización militar de La Tagua, uno de los objetivos principales de tal colonización era el de establecer un cordón de seguridad para contrarrestar la influencia política que desde el río Caguán ejercía la guerrilla. El proyecto fue abandonado en 1985 y en su lugar se instaló un batallón contraguerrilla

La situación tanto social como política y económica del departamento del Putumayo se caracteriza por un elevado grado de inestabilidad con múltiples factores proclives a convertirse en centro de conflicto en el seno de la comunidad. Así se observa una tendencia a la concentración de tierras materializado en latifundios especialmente alrededor de Puerto Asís y a lo largo de las carreteras construidas por las compañías petroleras, se trata de una consecuencia del modelo de colonización que impero en la zona. Al mismo tiempo es detectable un proceso inverso de microminifundización de la tierra especialmente en el Alto Putumayo.La explotación petrolera una de las principales actividades económicas del departamento se basó durante largo tiempo en un desigual reparto de los beneficios entre las compañías y los habitantes de la región, especialmente los pueblos indígenas de la región. Estos se han visto igualmente afectados por la invasión de tierras por parte de los colonos, muy especialmente con las bonanzas de la coca. Las movilizaciones cívicas en la zona han sido predominantemente de carácter urbano y en la mayoría de casos las reivindicaciones se dirigían a la obtención de servicios públicos tales como electricidad, agua o alcantarillado es de destacar las movilizaciones por el derecho a la vida que se realizaron a principios de la década de losnoventa en las localidades de Orito, La Hormiga y Puerto Asís en contra de una oleada de asesinatos selectivos en la región por parte de sicarios del narcotráfico. En épocas recientes, como se verá posteriormente, los principales motivos de movilización y protesta han sido las fumigaciones aéreas así como la falta de inversiones y el abandono del Estado.eeeeeee

Actualmente en el Putumayo confluyen todos los actores armados involucrados en el conflicto interno colombiano: Fuerza Pública y grupos paramilitares y guerrilla. La zona, considerada como refugio tradicional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha sido testigo de un recrudecimiento del conflicto en los dos últimos años, con la penetración en el área de grupos paramilitares (con intereses en el narcotráfico) y la militarización y reforzamiento por parte del Estado de la lucha antidrogas.

La presencia de agrupaciones guerrilleras en el Putumayo es más reciente que en otros departamentos aledaños como por ejemplo Caquetá. A partir de 1983 y tras el abandono de la región por parte del M-19 las FARC empiezan a ampliar su radio de acción al norte del departamento y en 1984 penetran con un nuevo frente en el Valle del Guaumués. Desde la década de los noventa las principales acciones de las FARC como los atentados a la infraestructura petrolífera y eléctrica se inscriben en una estrategia de inserción regional (identificación de los intereses de la población con los propios e instrumentalización de estos) que es característica de su accionar en las zonas de colonización, especialmente en Caquetá y Guaviare.

La relación de las FARC con el narcotráfico en la zona se basa especialmente en el cobro de gramaje (impuesto) a los recolectores y propietarios de cultivos de coca, de la misma manera la guerrilla controla el precio de la coca e impide el avance del neolatifundismo personalizado en los grandes propietarios de cultivos. Asimismo se constata la "protección" que algunos frentes de las FARC prestan a ciertos cultivos ejemplificados en el ametrallamiento de las avionetas de fumigación y el derribo de helicópteros. El vínculo existente entre las FARC y algunos narcotraficantes (especialmente Rodríguez Gacha) se rompe a finales de la década de los ochenta lo que acelera la entrada de grupos paramilitares en la región.

Como se mencionó anteriormente el Bloque Sur de las FARC liderado por Joaquín Gómez presente en el Putumayo incluye tanto los frentes operando en Putumayo como aquellos que realizan acciones en Caquetá, Nariño, Cauca y Sur del Huila. Agrupa a los frentes 32,13 y 48.

Se trata de uno de los elementos de combate mejor preparados y equipados con los que cuentan las FARC; es de destacar su capacidad militar que en el caso del Putumayo se materializa en una serie de victorias tanto sobre el ejército colombiano (Puerres, Las Delicias,San Miguel...) como contra el ejército ecuatoriano muy especialmente la emboscada a una patrulla del ejército ecuatoriano en Montepa (Ecuador) en el año 1993 episodio que refleja fielmente la pausibilidad de una internacionalización del conflicto armado interno colombiano en el mismo Putumayo. El ejército de Estados Unidos ha realizado ejercicios conjuntos de entrenamiento (JCET) tanto con fuerzas ecuatorianas como peruanas. Es de destacar la creciente cooperación entre los ejércitos de Ecuador y Colombia.

El hecho que el Putumayo represente la frontera meridional con Perú y Ecuador hace que sea una de las rutas más importantes para el contrabando de droga y armamento, fenómeno agudizado por el clima de violencia que impera en la zona. Este ha causado inquietud en las chancillerías de Quito y Lima.El gobierno ecuatoriano ha expresado en múltiples ocasiones su inquietud respecto a las posibles consecuencias de un recrudecimiento del conflicto en el Putumayo en términos de flujos de refugiados hacia su país, cerca de 12,000 colombianos han huido al Ecuador desde 1995. El gobierno ecuatoriano ha enviado cerca de 3000 tropas al departamento fronterizo de Sucumbíos para patrullar la zona los límites con Colombia.Es de destacar que en Ecuador se encuentra la Base de Operaciones avanzadas de Manta donde se han realizado ejercicios conjuntos entre las fuerzas armadas ecuatorianas y el ejército norteamericano

En la frontera con Perú (uno de los pasos tradicionales de pasta de coca hasta mediados de la década de los noventa) existe igualmente una clima de tensión ejemplificada por la movilización militar de dos batallones de infantería del ejército peruano (que hasta ese momento se encontraban en la frontera ecuatoriano-peruana) a la línea demarcatoria del Putumayo, algunas fuentes sitúan en 4000 los efectivos trasladados a la zona de frontera. Es igualmente de destacar el escepticismo expresado por el presidente peruano Alberto Fujimori respecto al proceso de paz en Colombia y el hecho que en Perú, a diferencia de Ecuador, no se han reportado de manera habitual incursiones de la guerrilla con lo que el aumento del pie de fuerza en la zona sería de carácter preventivo no reactivo. Estados Unidos cuenta con una base de entrenamiento fluvial en la localidad e Iquitos, cercana a la frontera colombiana, similar a la que funciona en Puerto Leguízamo.

La presencia de grupos de justicia privada (así como su formación y consolidación) se encuentra directamente relacionada con la actividad a gran escala del procesamiento y tráfico de cocaína y contaron desde sus inicios con la aprobación y en algunos casos activa colaboración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La presencia paramilitar en el Putumayo puede dividirse en dos etapas diferenciadas cronológicamente : en un primer momento, entrada de los grupos paramilitares a la región es consecuencia del rompimiento de las relaciones de colaboración que hasta ese momento habían mantenido narcotraficantes y las FARC. Desde finales de los ochenta en la finca "El Azul" propiedad del narcotraficante Rodríguez Gacha se desarrollan entrenamientos e instrucción militar por parte de expertos internacionales. Las primeras acciones de los grupos paramilitares se concentran en la persecución de miembros del Ejército Popular de Liberación (EPL) y en asesinatos selectivos entre la población civil de dirigentes comunitarios, representantes de Unión Patriótica así como o militantes de izquierda. En 1990 las FARC adelantan el operativo "Aquí estamos, Putumayo" con el objetivo de eliminar el paramilitarismo de la región. La acción supone el aniquilamiento casi absoluto de los paramilitares de "El Azul", los supervivientes se refugiarían en los cuarteles de la Policía Nacional (especialmente antinarcóticos) en Puerto Asís, Orito y La Hormiga. Desde donde operaría el grupo conocido como "Masetos" responsable a principios de los noventa del asesinato de varios lideres comunales. La movilización de la población y las denuncias de connivencia con las fuerzas del orden obligaron a la salida del grupo.

Desde 1997 se empieza a considerar inminente una nueva entrada de grupos paramilitares en la región amazónica, muy especialmente tras la 3ª Cumbre de las Autodefensas celebrada a mediados de ese año donde señalaban el sur del país como " el país que colonizó la guerrilla", declarándolo próximo objetivo militar. El inicio de esta segunda etapa puede situarse en noviembre de 1997 con Una serie de asesinatos sistemáticos de población civil. Esta tendencia se recrudece a principios de 1998 con el asesinato (en el lapso entre el 4 de enero y el 10 de febrero) de 25 personas. Se inicia entonces un encadenamiento de asesinatos, retaliaciones y masacres que se intensifica a partir del 24 de julio de 1998 con el asesinato en Puerto Asís de varios intermediarios acusados de colaborar con las FARC. Se detecta igualmente la compra de comercios e intentos de extorsión sobre otros establecimientos de Puerto Asís por parte de grupos paramilitares. Según algunas fuentes los ataques paramilitares tienen como objetivo el control del área contigua al río Putumayo " y revertir los canales de financiación de las guerrillas a través de l control de los intermediarios y los comerciantes asentados en todo el Bajo Putumayo".

La respuesta del Estado a la creciente conflictividad del Putumayo fue la creación de zonas militares y áreas de operativos especiales. Un ejemplo lo constituye la operación avanzada por las Fuerzas Armadas a principios de la década de los ochenta como respuesta al accionar del M-19 y las FARC abarcando tanto el Putumayo, como Caquetá y Cauca mediante "acciones rastrillo" a través de helicópteros. A pesar de la continua militarización del Putumayo este no fue catalogada como Zona Especial de Orden Público durante la crisis regional ocasionada por las marchas de la coca en julio de 1996, en contraste con Guaviare y Caquetá que con situaciones de orden social similares si fueron consideradas. En 1997 se creó una Brigada especial para el Putumayo que empezó a ser operativa desde el mes de junio del mismo año. En 1998 se crea una Fuerza Especial Contrainsurgente conformada por 5000 efectivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. La brigada Fluvial de Puerto Leguízamo que actualmente cuenta con 2.500 hombres, unidad que recibirá entrenamiento y equipamiento de Estados Unidos. La Brigada Fluvial tiene como campo de operaciones los ríos Putumayo, Caquetá y afluentes y opera en coordinación tanto con el Batallón Antinarcóticos como con las Brigadas XII (situada en Florencia, Caquetá) y la Brigada XXIV (situada en Mocoa Putumayo) todas ellas señaladas como posibles receptoras de ayuda militar norteamericana.

El ejemplo físico de la asistencia militar norteamericana lo constituiría la Base Aérea de Tres Esquinas, situada en el límite entre los departamentos de Putumayo y Caquetá. La Base de Tres Esquinas fue objeto de un profundo proceso de reformas y mejoras tras la constatada incapacidad para reaccionar al ataque contra la vecina base de Las Delicias en agosto 1996. Dicho proceso, iniciado a finales de 1997 se concentró en la creación de un circuito de seguridad alrededor de la base y coincide con el inicio de la utilización de la base con fines antinarcóticos (con la supuesta presencia de personal norteamericano) especialmente fumigaciones aéreas en coordinación con las instalaciones de la Policía Antinarcóticos en Villagarzón. La Base de Tres Esquinas es el lugar de acuartelamiento del primer Batallón Antinarcóticos, entrenado y equipado por el gobierno de Estados Unidos y sede de la Central de Inteligencia Conjunta (CIC) (ver anexo 1) producto igualmente del patrocinio norteamericano . La Base de Tres Esquinas se encuentra a pocos minutos por vía aérea de la zona de despeje situada en el Caquetá, su reforzamiento es interpretado por algunos como un elemento de contención de la insurgencia en la región del Caguán.

La relación entre diferentes sectores de la población al tráfico y producción de coca se inicia tempranamente, a principios de la década de los setenta en una dinámica similar a la experimentada en la zona del Caguán en el departamento de Caquetá . El Valle del Guaumués por aquel entonces como uno de los principales centros de cultivo. Durante la década de los 70 el narcotráfico se convierte en un fenómeno tanto a nivel político como económico y social. En ese contexto, la ilegalidad del cultivo se vinculaba igualmente a la ilegalidad de la posesión de la tierra desde el momento en que , en el contexto de la Amazonia occidental, aquellos territorios donde se desarrollaron cultivos de coca eran zonas no cobijadas por el proyecto Putumayo I de apoyo a la colonización manteniéndose como reservas forestales .

La aparición de grandes zonas de producción y transformación de coca en el Putumayo provocó un proceso de contrareforma agraria por parte de grandes narcotraficantes que consiguieron extenderse a la práctica totalidad del departamento. Es especialmente notorio el ejemplo de la hacienda "El Azul" propiedad de Rodríguez Gacha con instalaciones preparadas para procesar una tonelada semanal de cocaína. Hacia finales de 1982 el precio de la pasta de coca (materia prima de la cocaína) experimenta una considerable bajada consecuencia de una multiplicidad de factores entre los que destaca la represión militar sobre la zona del Guaumés y las restricciones en el mercado de los precursores químicos y oros insumos necesarios para el procesamiento de coca. Como consecuencia de esta crisis se dan cambios importantes en la estructura poblacional, detectándose la salida de gran parte de la "población flotante" que gravitaba alrededor del cultivo de coca. A partir de 1992 el precio de la coca experimenta una nueva subida, provocando otra bonanza de la coca lo que hace que los cultivos de coca se extiendan a otras zonas del departamento (a pesar de que estos se sigan concentrando en la zona del bajo Putumayo) y atrayendo nuevos flujos de población..Para el año 1996 la policía antinarcóticos situaba los cultivos ilícitos en el Putumayo alrededor de las 7,000 hectáreas sin embargo algunos analistas señalan tal cifra como poco exacta, estimando que podrían alcanzar las 40,000 hectáreas.

Las marchas campesinas de sur del país en protesta por el abandono tradicional de la zona por parte del estado colombiano en general y en oposición a la política de fumigaciones aéreas en concreto se pueden dividir cronológicamente en dos etapas, la primera abarcaría las movilizaciones de diciembre 1994 a enero de 1995 y la segunda se referiría a las marchas realizadas durante los meses de julio y agosto de 1996. Las marchas campesinas, denominadas por la opinión pública como las "marchas de la coca", supusieron el descubrimiento por parte de la sociedad colombiana de las "victimas" de la guerra contra las drogas. La movilización masiva y organizada de miles de campesinos y colonos tildados por las fuerzas militares de ser la "base social" de la guerrilla ilustró tanto la problemática social de la región como la responsabilidad del Estado en esta. La presencia de actores armados no estatales en el seno de las marchas motivó que el despliegue del estado fuera de naturaleza eminentemente represiva y de carácter militar.

A pesar que las marchas supusieron un movimiento de carácter regional e interdepartamental, abarcando los departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare (siendo este último el auténtico epicentro en el caso de 1996) no podemos analizarlo desde un marco homogéneo siendo necesario tomar en consideración las particularidades de cada una de las zonas para comprender el movimiento como una respuesta social de tipo político.

Las sucesivas movilizaciones campesinas contra las políticas estatales en el ámbito de la guerra a las drogas en la Amazonia colombiana muestran un cierto mimetismo entre las diferentes áreas de esta manera, lo que acontece en un departamento tiene directa incidencia en los territorios vecinos y, en el caso de las movilizaciones, las reacciones y solidaridades interdepartamentales son un eje central para la comprensión del movimiento. Así mediados del mes de noviembre de 1994 un movimiento campesino organizado tomó por varios días las instalaciones del aeropuerto de San José del Guaviare en protesta por la "Operación Comején" un dispositivo de carácter militar que con el apoyo logístico y el respaldo financiero del gobierno de los Estados Unidos buscaba erradicar 20,000 hectáreas de coca, 15,000 de amapola y 6,000 de marihuana mediante fumigaciones aéreas. Tras la inicial negativa del gobierno encabezado por Ernesto Samper a negociar (argumentando que la movilización estaba siendo instrumentalizada por la guerrilla) se iniciaron unos diálogos que culminarían en compromisos por parte del Estado a invertir en infraestructuras en la región y la promesa de no fumigar aquellas áreas cultivadas menores a 3 hectáreas

El 19 de diciembre del mismo año estallan las protestas en Putumayo contra la "Operación Resplandor" otro operativo militar que tenía como objetivo la erradicación de alrededor de 70,000 hectáreas de cultivos ilícitos mediante la aspersión de glisofato sin embargo había otros factores que alimentaron la protesta como el incumplimiento por parte del Estado de las demandas sociales, económicas y de infraestructura adelantadas por comunidades del Valle del Guaumues, San Miguel y Puerto Colón en mayo de 1993 ; tales demandas incluían entre otras la mejora del alcantarillado y otros servicios públicos como electricidad y la modificación del régimen de regalías derivado de la explotación petrolífera en el área, la movilización supone la conjunción de una tradición de movilización en la zona y la imposibilidad por parte del Estado de generar un desarrollo sostenible haciendo que la economía dependa casi absolutamente de la producción de la hoja de coca.

Inicialmente se taponaron las principales vías de la región (especialmente los accesos a Moca y Puerto Asís), posteriormente se realizó la toma de instalaciones petrolíferas en diferentes puntos del departamento Ante la magnitud el Ejército movilizó tropas de contrainsurgencia, trasladadas desde la Base de Tolemaida. El 5 de enero durante el desalojo por parte del ejército de la Batería de Churuyaco de ECOPETROL por parte de efectivos militares falleció una niña de seis años y varios campesinos fueron heridos a causa del lanzamiento excesivo de gases lacrimógenos. El movimiento tuvo una respuesta relativamente rápida por parte del ejecutivo (en comparación con las movilizaciones del Guaviare por ejemplo), alcanzándose acuerdos relativos al desarrollo de cultivos alternativos y mayores niveles de inversión pública en la zona a principios de 1995.

Entre el 27 de julio y el 19 de agosto de 1996 se repiten las movilizaciones en el Putumayo cuando alrededor de 57,000 campesinos se trasladan a los municipios de Mocoa, Villagarzón, Puerto Asís, Orito, San Miguel y La Hormiga en protesta por el percibido incumplimiento por parte del Estado de los compromisos adquiridos en enero de 1995, exigiendo de nuevo la suspensión de las fumigaciones, el reconocimiento de la problemática social de los pequeños cultivadores y un trato diferente a la represión por parte del Estado. Es de destacar que uno de los elementos fundamentales de las movilizaciones era expresar la solidaridad con el movimiento campesino que se habían iniciado igualmente en Guaviare.

La protesta estuvo marcada por hechos de violencia entre los que destacan los disturbios ocurridos en el casco urbano de Puerto Asís el 28 de julio que dejó un campesino muerto y varios heridos por bala. El relato de los testigos concuerda en señalar a la Policía como responsable de múltiples disparos tanto al aire como directamente a la multitud que amenazaba con asaltar la estación de policía. La violencia rebrotó el 2 de agosto en Puerto Asís cuando un grupo de campesinos intentó tomarse el aeropuerto de Puerto Asís, la respuesta del Batallón Contraguerrilla No. 37 y del Batallón de Policía Militar No.3 (de la IIIa Brigada), movilizados para dar respuesta a la movilización campesina, desembocó en disturbios que arrojaron un saldo de dos campesinos muertos (uno de ellos con un disparo de arma larga en el cráneo), un desaparecido y alrededor de treinta heridos. El 4 de agosto el Ejército restringió la entrada de alimentos para los marchistas al municipio de Orito. El 8 de agosto se repitieron los episodios de violencia urbana en Orito con desalojos e incendio de carpas por parte de la Policía Nacional. El 13 de agosto el campamento de los marchistas fue afectado por el lanzamiento de dos elementos explosivos (granadas, según algunos testigos) lo que ocasionó la muerte de dos campesinos y heridas a alrededor de cuarenta marchistas. La guerrilla de las FARC por su parte fue responsable del asesinato de dos campesinos en sendos retenes el 1 y 2 de agosto. Igualmente fueron señaladas como responsables del asesinato de un reinsertado del EPL el 3 de septiembre. Igualmente fueron responsables de ocho ataques del oleoducto transandino ocurridos durante las movilizaciones.

La negociaciones con el gobierno a través de diversas comisiones desembocaron en la firma de un acuerdo entre los marchistas y los representantes oficiales materializados en un Plan de Desarrollo Integral de emergencia que reconocía a los campesinos de la coca como interlocutores válidos ante el gobierno central y avanzaba propuestas para una mayor inversión estatal en infraestructura y el desarrollo de cultivos alternativos. Sin embargo los efectos de las marchas campesinas sobre la zona tuvieron una clara influencia en la situación política y social del departamento durante el periodo 1996-1998. Varios dirigentes campesinos fueron hostigados por la fuerza pública o asesinados a manos de los grupos paramilitares y el nivel de violencia del departamento ha tendido a acrecentarse haciendo inviable cualquier proyecto de inversión estatal

Introducción

El departamento del Guaviare tiene una extensión de 13,960 kilómetros cuadrados con una población de 114569 personas El 70% de la superficie del departamento es bosque y el 30% sabana . Las principales áreas urbanas (que concentran el 30% de la población) son San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores. En el área del Guaviare existe una importante población indígena (alrededor del 10% de la población), gravemente afectada por la extensión de los cultivos ilícitos, por presencia de la guerrilla, los diferentes procesos de colonización y los consiguientes conflictos por tierras que han caracterizado históricamente la región.Un ejemplo claro lo constituye el resguardo que el INCORA otorgó a los maku, con una extensión de 622.160 hectáreas se encuentra invadido en un 80% por colonos La calidad de vida de los habitantes del Guaviare se ve afectada por deficiencias en los transportes, salud, educación y servicios públicos. En el aspecto de salud concretamente, sólo hay hospitales en la capital departamental (San José) y en Barrancominas los cuales son atendidos por estudiantes en prácticas. Adicionalmente existe un serio déficit de agua potable, se detectan serias deficiencias alimenticias y las condiciones higiénicas de la mayoría de las viviendas no alcanzan los estándares mínimos especialmente debido a la falta de servicios públicos como acueducto, alcantarillado y recolección de basuras.

Mapa 2.Guaviare

El proceso de colonización del Guaviare sigue la misma dinámica que en los casos de Putumayo y Caquetá en el sentido que gran parte de los colonos son campesinos expulsados de regiones como los Llanos Orientales por la violencia política de la década de los cincuenta a los que en el caso del Guaviare se le añaden antiguos guerrilleros liberales. Hecho fundamental en la colonización del Guaviare es la creación, a mediados de la década de los 60 de la Comisaría de Guainía que obedece más a nuevos criterios en materia de política fronteriza que no a una política de ordenamiento territorial específica. En la colonización del departamento del Guaviare pueden distinguirse dos perspectivas : terrestre y fluvial. La primera de ellas se organiza a partir de El Retorno cuyo origen se encuentra en una campaña radial de 1968 que buscaba reubicar a campesinos desplazados a las aglomeraciones urbanas de Bogotá, Calí o Medellín a esta dinámica se le unieron otras como la colonización de las zonas aledañas al río Ariari (por parte de campesinos del Tolima, Huila o Boyacá) con el apoyo de la Caja Agraria y el INCORA. Sin embargo las presiones latifundistas obligaron a los campesinos a seguir avanzando hacia el sur en busca de nuevas tierras. Este proceso continúa hasta el año 1978 cuando la colonización entra en un periodo de estancamiento en el que se evidencian las deficiencias en infraestructura y el abandono por parte del Estado. La colonización fluvial por su parte es un proceso no concluido. Se inicia a mediados del a década de los cincuenta, principios de los sesenta a un ritmo lento y eminentemente disperso sin embargo hacia el final de los setenta se empieza a detectar un crecimiento acelerado de población vinculado de forma clara a la economía de la coca que "desborda el ciclo y altera el ritmo de la práctica colonizadora". De esta manera el Guaviare e Inírida se convierten en un puente que une los departamentos de Guaviare, Vichada y Guainía.

El hecho que el auge o bonanza del a coca influya de manera clave en el proceso de colonización misma (dinámica que se repite si bien en menor mesura en los departamentos de Putumayo y Caquetá) demuestra que en el caso del Guaviare la inserción de los cultivos ilícitos tanto en la estructura socioéconomica de la zona como en el perfil del conflicto armado en la región es mucho más profundo que en otras zonas de la amazonia occidental. En este sentido la colonización aparece en el Guaviare como un fenómeno social que se produce tanto antes como durante y después del proceso de instalación de los cultivos. Esta importancia aparece ligada a la falta de presencia estatal tanto a nivel institucional como en el ámbito de inversiones o políticas específicas de desarrollo regional.

El departamento del Guaviare se caracteriza por un elevado grado de conflictividad social que encuentra en los cultivos ilícitos un factor catalizador y, en algunos casos, agravante de las diferentes problemáticas. La crisis de la colonización refuerza y expande el cultivo de coca provocando cambios abruptos en el desarrollo de todo el proceso lo que sienta las bases para el aumento de la violencia. La primera caída del precio de la coca en 1983 supone un recrudecimiento del conflicto latente entre colonizadores y narcotraficantes tanto en lo que hace referencia al comercio de la coca como con la problemática de la propiedad de la tierra, es necesario tomar en consideración que sólo una cuarta parte de los colonos tiene algún título de propiedad sobre el terreno que trabaja. Adicionalmente, existen otros factores generadores de conflicto que a menudo son subordinados al propio conflicto armado y al narcotráfico como es la disputa por el espacio y el uso de aprovechamiento de sus recursos La respuesta del estado a la problemática de la región ha sido la militarización extrema de lo político y la criminalización de lo social. Los ejemplos más recientes de movilizaciones colectivas (como sinónimos de extendido malestar social) lo constituyen las marcha a San José del Guaviare de 15000 campesinos en demanda de garantías por sus vidas y rechazo a la oleada paramilitar y la creciente militarización el departamento y las marchas de 1994 y 1996 en protesta contra las fumigaciones aéreas en sintonía con las movilizaciones de Putumayo y Caquetá.

En el departamento del Guaviare confluyen, al igual que en el caso de Putumayo, las dinámicas y estrategias de la totalidad de actores armados involucrados en el conflicto armado interno, sin embargo en este caso el factor de los cultivos ilícitos aparece como un elemento central especialmente desde los operativos militares que desde mediados de la década de los noventa caracterizan la militarización de la lucha antidrogas y la inserción de esta en el discurso oficial del conflicto armado interno.

La presencia de grupos guerrilleros en el área del Guaviare se remonta al mismo proceso de colonización. Al igual que en los casos de Putumayo y muy especialmente Caquetá la ausencia del Estado y el percibido abandono por parte de este entre la población local refuerzan por un lado el carácter político de la insurgencia mientras que por el otro fortalecen su aspecto militar al estar refiriéndonos a zonas donde el Estado no tiene acceso. Esta inserción regional de los grupos guerrilleros (que pasa necesariamente por una identificación de las demandas regionales y la asunción de funciones de control social) se ve reforzada por el manejo represivo que el Estado ha dado tradicionalmente a problemáticas de tipo social y político en la región.

Ante la primera crisis de la colonización del Guaviare a finales de la década de los setenta las FARC amplían su área de operaciones a través no sólo del eje de colonización terrestre (El Retorno-Calamar-Miraflores) sino que hace presencia igualmente en las riberas del río Guaviare y afluentes. Su posición se consolidó con la primera crisis de la coca cuando ante el deterioro de la situación y el aumento de los conflictos entre colonos y narcotraficantes hizo presencia el Frente XVI de las FARC, estabilizando la zona y tomando el control territorial de la parte del Guaviare comprendida entre caño Jabón y el nacimiento del Inírida Los operativos militares realizados en el contexto de la guerra integral y las campañas antinarcóticos avanzadas por la Policía Nacional durante la década de los noventa conduce a las FARC a fortalecer y extender todos sus frentes en el su área de influencia que a partir de los ríos Guayabero y Guaviare alcanza hasta los departamentos de Vichada y Guainía.

Actualmente en el Guaviare operan los frenes 1,7,16,42 y 44 así como la columna móvil Juan José Rondón. Se trata de fuerzas que operan en coordinación con el Bloque Sur y como este destacan por un elevado nivel de combate y una pleno aprovechamiento del conocimiento del terreno selvático y fluvial. Acciones como el ataque a la base de La Carpa Miraflores demuestran el poder que el grupo ejerce a nivel militar en la región

Ante las recientes acciones paramilitares y la creciente penetración de estos grupos en el Guaviare ha hecho que la guerrilla refuerce considerablemente los tradicionales ejes de sguridad que se basan especialmente en lso ríos Unilla, Itilla y Vaupés y las poblaciones de Calamar y Miraflores, estableciendo un cordón de seguridad en entre Calamar y El Retorno

La presencia de grupos paramilitares en la región del Guaviare se remonta a mediados de la década de los ochenta cuando con la primera crisis del precio de la coca y el subsiguiente enfrentamiento entre narcotraficantes y colonos. En este contexto aparecen grupos de sicarios que con el apoyo de las autoridades en la zona inician una campaña de exterminio contra supuestos simpatizantes de la guerrilla. La dinámica de acciones y retaliaciones que se desencadenó provocó en 1987 la marcha de más de 15000 campesinos hacia San José reclamando garantías para sus vidas y denunciando la militarización del departamento, a pesar de los acuerdos alcanzados con el gobierno (directamente relacionados con los acuerdos de La Uribe) ni el accionar paramilitar ni la militarización del departamento fueron detenidos. Sólo hasta 1988 se puede hablar de un descenso en el número de acciones atribuidas a fuerzas paramilitares.

La penetración paramilitar en el departamento del Guaviare conoce un nuevo impulso a partir de 1997 como respuesta tanto a las marchas campesinas de 1996 como a los lineamientos estratégicos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) quienes en su IIIa Cumbre declaran objetivo militar el sur del país. Las masacres de Mapiripán el 15 de julio de 1997 y de Puerto Alvira (ver annexo 2) en abril de 1998 son acciones concentradas en la línea territorial que establece los límites de influencia ganadera del Meta hacia el sur del país.

En octubre de 1997 los grupos paramilitares incursionaron en Miraflores, paralelamente durante el periodo julio y octubre se desató una oleada de violencia sistemática contra intermediarios del negocio de la coca (chichipatos) con el resultado de 18 muertes. Por otra parte se empieza a detectar la compra de negocios en el casco urbano de San José por parte de grupos paramilitares a través de intermediarios así como la presencia de un núcleo de avanzada paramilitar en Puerto Arturo

Durante la década de los noventa gran parte de la zona del departamento del Guaviare fue objetivo de operativos militares en el contexto de la guerra integral contra la subversión y el terr4orismo que inauguró el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo; esto supuso un crecimiento de la presencia militar y policial en la zona traducida en la creación de la base militar Joaquín París adscrita a la VII brigada. Paralelamente el Guaviare (muy especialmente la zona de Miraflores) ha sido uno de los ejes centrales de las campañas antinarcóticos avanzados por la Policía Nacional, para estos fines se creó a mediados de la década de los noventa la base antinárcoticos de San Jose del Guaviare; compartida por efectivos militares y policía con presencia de asesores norteamericanos constituye uno de los ejes estratégicos de los planes de fumigación aérea en la zona de Miraflores. LA base de San José del Guaviare tiene una función coordinada con Apiay ( situada en el departamento del Meta) y las pistas de Miraflores, Chaparral (Guaviare) siendo Pitalito, Puerto Asís y Puerto Leguízamo (Putumayo) bases alternas para los operativos Es de destacar que la base de San José del Guaviaré utlizó el 62.95% del glisofato utilizado por las bases antinarcóticos en Colombia durante 1998.

El departamento del Guaviare ejemplifica de forma paradigmática la inserción de los opertaivos antinarcóticos en la dinámica propia del conflicto armado interno. De hecho es en el Guaviare donde por primera vez los operativos de fumigación evolucionan hacia operaciones militares con la intervención de avionetas y helicópteros militares realizando tareas de protección. La zona de Miraflores fue designada entre finales de 1994 e inicios de 1995 como escenario piloto de las acciones de erradicación de los cultivos ilícitos, siendo catalogada como objetivo estratégico en 1996. Sin embargo el Guaviare es una zona absolutamente hostil a las actividades de la fumigación esto se ha traducido en un fuerte desgaste para las unidades militares y policiales desplegadas en el área. Durante 1995 10 militares perdieron la vida en acciones de fumigación, pereciendo 7 de ellos en Miraflores, de 16 acciones bélicas relacionadas con el narcotráfico, 10 sucedieron en el Guaviare.

En el contexto de inserción de las demandas regionales en el discurso y accionar de la guerrilla, relacionado con la fuerte oposición social en el área del Guaviare alas fumigaciones aéreas y los operativos antinarcóticos se explica el intento por parte de las FARC de tomarse la base antinarcóticos de Miraflores en agosto de 1995, intento que se repetirá tres años más tarde con el resultado de la destrucción casi completa de la base, la muerte de 35 muertes entre las filas de las Fuerzas Militares siendo retenidos 56 policías y soldados.

La Escuela de Fuerzas Especiales Rurales de Barrancón. En julio de 1996 se inauguró la Escuela de Fuerzas Rurales Especiales situada en la Isla de Barrancón en el mismo río Guaviare y en su construcción colaboraron técnicos y oficiales del ejército norteamericano en el desarrollo de los programas JCET es de destacar, como se verá posteriormente, que tales despliegues de fuerzas de entrenamiento norteamericanos no fueron sujetos a la enmienda Leahy hasta julio de 1997 ya que los fondos que los financian dependen directamente del Pentágono.. La citada escuela de Fuerzas Rurales Especiales se encuentra preseleccionada según el Center for International Policy entre las unidades que son susceptibles de recibir ayuda militar norteamericana dentro del componente antinarcóticos del Plan Colombia.

La irrupción de la coca y amapola (la marihuana había sido introducida anteriormente) en el departamento del Guaviare se sitúa cronológicamente a finales de la década de los setenta con grandes consecuencias a nivel social y económico, especialmente sobre el proceso de colonización de la región que no solo conoce una vigorización a mediados de la década de los setenta (comprometiendo a mayores grupos sociales)sino que ve transformadas sus dinámicas y patrones por el comportamiento cíclico del comercio de la pasta de coca y, recientemente, por el efecto de las fumigaciones y los operativos antidrogas avanzados en al zona por parte de la Policía Antinarcóticos. La existencia de una gran masa de población flotante ha sido una característica de la zona que el desarrollo de una economía basada en el cultivo, transformación y comercio de la hoja de coca ha acentuado a través de figuras como los raspachines, traquetos y otros individuos que sobreviven alrededor de los cultivos ilícitos.

Una de las transformaciones más notorias que implicó la consolidación y expansión de los cultivos ilícitos la consitutye el aumento de población de Miraflores que durante el periodo 1993-1999 conoce un aumento cercano al 50% coincidiendo con la expansión de los cultivos de coca que entre 1992 y 1996 pasan de 22.900 hectáreas a 38.600.El crecimiento desordenado de la población junto con un desarrollo considerablemente desestructurado facilitaron una situación de violencia creciente. En este contexto las FARC aparecen como un elemento regulador que, gradualmente, acaba insiriéndose en el entramado social de una región donde ya contaba con un cierto reconocimiento por el acompañamiento que brindó alos colonos ante el abandono del estado. Sin embargo esta misma presencia de la guerrilla en la zona del Guaviare aparece como legitimadora por parte de las Fuerzas Militares de la consideración de los campesinos y jornaleros relacionados con los cultivos de hoja de coca como auxiliadores y auténtica base social de la guerrilla.

A mediados de la década de los noventa el Guaviare fue considerado uno de los objetivos estratégicos de la política de fumigaciones aéreas del Gobierno Samper ya que acumulaba el 60% de los cultivos ilícitos presentes en Colombia. En febrero de 1995 se anuncia la operación "Resplandor" cuyo objetivo era acabar con todos los cultivos ilícitos del país en el plazo de dos años en un contexto de gran tensión en las relaciones con el gobierno estadounidense que iba a desembocar en la descertificación de Colombia que se hizo pública en marzo de 1997. En mayo de 1996 se inicia la operación "Conquista" cuyo eje inicial fuero las poblaciones de San José del Guaviare y Miraflores y cuyo objeto según las fuerzas militares era desarticular el negocio del narcotráfico en manos de los grupos subversivos. Ambos operativos militares muestran el enfoque eminentemente represivo que caracteriza la intervención estatal en el Guaviare, ambos constituyen igualmente desencadenantes de las movilizaciones campesinas contra las fumigaciones en sus dos etapas: 1994-1995 y agosto de 1996.

Como se mencionó anteriormente, las marchas campesinas en protesta contra las fumigaciones aéreas y el endémico abandono estatal que se dieron entre 1994y1995 y especialmente durante el mes de agosto de 1996 en el sur del país constituyen una movilización social inédita en Colombia al movilizar en cuatro semanas a alrededor de 150,000 campesinos de cuatro departamentos. El Guaviare juega un papel clave en tales movilizaciones al ser una de las áreas donde se originan las protestas que como muestra de solidaridad se repetirán al resto de departamentos de la amazonia colombiana. El trato represivo dado al movimiento y la falta de implementación de las medidas pactadas con los marchistas en materia de inversión social e infraestructuras por parte del Estado en ambas ocasiones indican la incapacidad de este para manejar los costos y consecuencias de una erradicación forzosa que aparecía más como un intento de contentar al gobierno estadounidense en materia antinarcóticos que no como una política estatal respecto a la cuestión de los cultivos ilícitos.

Las protestas en el Guaviare se inician como consecuencia del inicio de las fumigaciones ((convertidas en operativos militares con helicópteros artillados y bombarderos) en zonas como El Retorno, San José, Puerto Rico (en el departamento del Caquetá) y muy especialmente por el anuncio de fumigaciones en la zona de Miraflores (por aquel entonces considerada el principal epicentro de cultivos ilícitos en Colombia). Las fumigaciones en el departamento del Guaviare obedecían a la implementación de la Resolución 001 del Consejo Nacional de Estupefacientes, uno de los últimos actos administrativos del gobierno de Cesar Gaviria, que buscaba aumentar las fumigaciones decididas en 1992 con nuevas áreas de coca y marihuana. Miraflores supuso entonces el catalizador de un malestar social que venía gestándose desde tiempo atrás entre cultivadores, colonos y la población en general del Guaviare que, una vez más, veía en la represión violenta la única manifestación del estado ante los problemas de la región.

Las protestas se inician hacia mediados de noviembre de 1994 con la concentración de cerca de 10.000 campesinos en la pista de aterrizaje de Miraflores y la retención por parte de los manifestantes del gobernador del Guaviare. Esto provocó un aplazamiento de las fumigaciones previstas por parte del departamento antinarcóticos en la zona de Miraflores. No obstante, las fumigaciones continuaban en otros puntos del departamento y el movimiento que se había iniciado en Miraflores pronto se extendió al resto del departamento (para posteriormente despertar la solidaridad del resto de departamentos amazónicos). Las marchas tuvieron su punto culminante la toma por parte de los manifestantes del aeropuerto de San José del Guaviare (centro y origen de las fumigaciones en la región) hecho que forzó la apertura de negociaciones entre los participantes en las movilizaciones y el gobierno encabezado por Ernesto Samper.

Uno de los objetivos centrales de los campesinos en las negociaciones con el gobierno era (como en el caso del Putumayo y Caquetá) obtener de este un reconocimiento como sujetos políticos. Ciudadanos colombianos afectados por las consecuencias de una problemática social más compleja y con raíces más profundas que el conflicto que para el estado constituían los cultivos ilícitos objetivo de las políticas de erradicación forzosa mediante fumigación que había emprendido el gobierno. El desarrollo de las negociaciones dejó al descubierto las carencias del movimiento, falto de una estructura consolidada o de unos criterios más o menos unificados acerca de las demandas ante el Estado. La firma del acuerdo final entre las partes en diciembre de 1994 reflejaba en parte una de las principales inquietudes de los campesinos, la distinción a la hora de fumigar entre los cultivos de hoja de pequeña extensión (con menos de tres hectáreas de extensión) y los de mayor superficie. Según el Acta de Acuerdo de San José sólo aquellos cultivos de tipo comercial (mayor extensión) serían fumigados mientras que el resto serían objeto de un proceso escalonado de sustitución de cultivos. El Acuerdo hacía igualmente mención a la necesidad de concertar con las comunidades afectadas aquellas medidas a implementarse en virtud del acuerdo.

Sin embargo, la respuesta del Estado tras la firma de los Acuerdos (y la consiguiente desactivación de la protesta) fue ignorarlos en la mayoría de los casos llegando al extremo de contradecirlos manifiestamente con la aplicación posterior de nuevas fumigaciones indiscriminadas sin tener en cuenta lo firmado con los campesinos acerca de la distinción entre el pequeño cultivador y el narcohacendado. El ejemplo más claro lo constituye el oficio 021808 del 28 de diciembre (poco después de la firma del Acuerdo de San José emitido por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes dirigido a la Policía en el que se explicita la firmeza de los acuerdos del gobierno con los campesinos: " El Consejo Nacional de Estupefacientes en la sesión extraordinaria de día 21 de diciembre de 1994 , decidió continuar la erradicación de los cultivos ilícitos cualquiera que sea su extensión o ubicación geográfica". La respuesta ( o ausencia de esta) del Estado a la problemática de los cultivos ilícitos en el Guaviare no puede desvincularsecon el malestar explícitamente expresado por funcionarios norteamericanos quienes tanto en Washington como en Bogotá veían con preocupación el contexto político del proceso 8,000 y una eventual relajación del compromiso colombiano en la guerra contra las drogas. Igualmente, mientras proseguían las fumigaciones (sin conseguir penetrar de manera satisfactoria en el área adyacente a Miraflores) los recursos que debían ser destinados a la promoción de cultivos alternativos dentro del programa Plante se sufrían grandes retrasos y no siempre eran asignados de la forma más eficiente con lo que el pequeño cultivador de hoja de coca se quedaba sin su medio de subsistencia a causa de las fumigaciones y sin la posibilidad de desarrollar una actividad económica alternativa por la demora de los recursos. En este sentido es importante mencionar que las fumigaciones estaban afectando a los cultivos de pancoger mientras que los cultivos de coca se estaban trasladando hacía el interior de la selva en zonas de difícil acceso para los operativos de fumigación lo que provocaba que no disminuyeran la extensión de los cultivos ilícitos y se acrecentara la erosión del área selvática. Fueron estos compromisos incumplidos por parte del estado los que motivaron un rebrote de la protesta a partir de julio de 1996.

En julio de 1996 se repiten en el Guaviare las marchas campesinas en protesta por la continuación de las fumigaciones aéreas . Durante 1995, en el contesto de la "Operación Resplandor" las fumigaciones en el departamento del Guaviare alcanzan las 23.674 hectáreas aproximadamente el 85% de estas (20, 033) en San José y el Retorno. El ataque fallido de las Farc contra la base Antinarcóticos de Miraflores en agosto de 1995 marcó el inicio de una campaña de hostigamiento y represión por parte de la Fuerza Pública en la región que tuvo entre sus principales consecuencias el atropello y la violación de los derechos y libertades fundamentales de la población civil.

En julio de 1996 se inicia un nuevo intento de fumigación sobre el área de Miraflores (que ese mismo año había sido declarado objetivo estratégico de las fumigaciones), los operativos anteriores habían supuesto un considerable desgaste para la Policía Antinarcóticos a causa del accionar de la guerrilla en el área; por esta razón las nuevas fumigaciones iban a ser apoyadas por las fuerzas armadas materializando la inserción de la lucha antinarcóticos en la dinámica de conflicto interno de forma evidente con la participación de la Brigada Móvil No 2 en los operativos terrestres de apoyo a la fumigaciones especialmente en la Vereda Buenos Aires en la cabecera de Miraflores donde el 13 de julio de 1996 se inicia un operativo militar que forzó el desplazamiento de la población del área coincidiendo con la promulgación de diversas medidas especiales de orden público (toque de queda, control de movimientos, retención de vehículos y mercado) .

Los hechos de Buenos Aires y las fumigaciones en otros puntos del departamento constituyen el desencadenante de las marchas campesina quienes desde El Calamar convergían hacía San José, la capital del departamento. Simultáneamente, movilizaciones similares se daban en los departamentos de Putumayo y Caquetá en solidaridad con los campesinos de Guaviare. En apenas cuatro semanas entre julio y agosto 200,000 campesinos en cuatro departamentos se encontraban movilizados con un mismo objetivo: manifestar su descontento por el abandono del estado y las fumigaciones aéreas.

En la composición de las marchas podemos distinguir cuatro grandes grupos: en primer lugar campesinos que han encontrado en el cultivo de la hoja de coca una última opción de vida, a continuación jornaleros agrícolas que aspiran a asentarse en la zona y, en último lugar los raspachines quienes representan la población flotante surgida alrededor de la producción cocalera. lo que nos introduce a una de las principales características (compartida con las marchas del 94-95) de la protesta: la heterogeneidad de sus participantes. Este hecho va a pesar profundamente en el desarrollo de las movilizaciones y posterior negociación con el Estado. El tamaño y magnitud de la protesta en el Guaviare y otras partes de la Amazonia colombiana sorprendieron a la opinión pública, las movilizaciones sin embargo fueron señaladas por las Fuerzas Militares como una manipulación de la subversión armada y catalogó a los campesinos participantes como "base social de la guerrilla", el mismo planteamiento subyace bajo la persecución paramilitar de la que fueron objeto posteriormente los principales líderes tanto en el Guaviare como, muy especialmente, en el departamento del Putumayo.

La eventual participación de la guerrilla (en este caso las FARC) en las marchas campesinas fue aprovechada por el Estado para darle un tratamiento absolutamente represivo a la protesta: militarización de la región, participación de las Fuerzas Armadas en la contención y control de los manifestantes y graves actos de violencia contra la población civil por parte de la fuerza pública. Si bien la guerrilla si estuvo involucrada en la preparación y organización de las marchas, estas no fueron producto exclusivo del accionar guerrillero sino que, nuevamente las FARC canalizan y recuperan una parte de las demandas sociales de aquellos territorios donde tienen implantación en búsqueda de una mayor legitimidad. La presunta presencia de la guerrilla en las movilizaciones sirvió para consolidar entre la opinión pública (tanto colombiana como estadounidense) la noción de narcoguerrilla como actor de referencia en la lucha contra las drogas.

El 16 de julio soldados adscritos al batallón Joaquín Paris arremeten contra un numeroso grupo de campesinos que avanzaban hacia San José, el mismo día efectivos militares dinamitan la vía entre el municipio de El Retorno y la capital departamental para intentar detener el avance campesino. Cinco días más tarde tropas del Batallón Joaquín París, junto con efectivos de las Brigadas Móviles 1 y 2 vuelven a incursionar en la marcha campesina cuando los participantes intentaban franquear de forma pacífica el cerco militar impuesto por las autoridades. Como resultado de esta acción desaparecieron cuatro campesinos, siete resultaron heridos y la marcha se dispersó partiendo los campesinos hacia Villavicencio (Meta) y Calamar en el mismo departamento del Guaviare. El 22 de julio efectivos militares adscritos a la IV división del ejército (Séptima Brigada) cercaron a los participantes en la marcha que habían conseguido llegar a la capital departamental. En los siguientes días se reportaron hostigamientos y atropellos sobre la población por parte de la Fuerza Pública. Finalmente, el 30 de julio de 1996 unidades de la Séptima Brigada dinamitaron las vías de acceso a la cabecera municipal de San José del Guaviare con el fin de detener la marcha campesina. Esta respuesta violenta a una protesta eminentemente pacífica contribuyó a una mayor deslegitimación del Estado en la zona.

El gobierno central abordó las negociaciones con el movimiento campesino evitando tocar el tema de lo cultivos ilícitos como sujeto transversal y común a toda la región amazónica, en cambio planteó un enfoque localizado de inversiones sociales en puntos específicos tendiente a dividir las posiciones de los marchistas, aprovechando la falta de unidad de las movilizaciones.. Las negociaciones entre los campesinos y el estado entran en su fase final en septiembre de 1996 con la entrega por parte del poder central de una "propuesta final del Gobierno Nacional" que recogía unos elementos de futuro absolutamente diferentes (contradictorios) a los expresados por los representantes campesinos y las comunidades de la zona en especial la etapas de contingencia, desarrollo de programas de medio y de largo plazo que los campesinos juzgaban indispensables. Como alternativa a la propuesta oficial se decidió impulsar una mesar regional para analizar los problemas estructurales de la zona e intentar avanzar soluciones ala problemática delos cultivos ilícitos.Se consiguió reducir el ritmo de fumigaciones sin embargo se trató de una victoria efímera ya que la dinámica adquiere un nuevo impulso en 1997 y 1998 , de la misma manera el resto de acuerdos alcanzados entre el estado y los campesinos se caracterizaban por una gran vaguedad lo que los hacía interpretables en un sentido u otro y que representaba el cierre en falso e la enésima crisis del sur del país.

Las consecuencias de esta ausencia de una negociación profunda se dejarían sentir posteriormente en la región ante la constatación del fortalecimiento de la guerrilla en el {área, el definitivo desencanto de la población respecto al estado y sus políticas y, a partir de mediados de 1997, con la penetración con fuerza de grupos paramilitares en la región cuyos objetivos principales fueron (y son) los dirigentes de las marchas campesinas del 96 y todo aquel que tenga relación con el comercio de pasta de coca en la zona (especialmente intermediarios). Sin embargo y de cara al largo plazo el desarrollo de las marchas y la posterior negociación dejan elementos para analizar cualquier futura coyuntura en la zona respecto a las fumigaciones y la política antidroga del gobierno colombiano. Resulta difícil creer que las comunidades tanto el Guaviare como del Putumayo o Caquetá creerá o confiará en un programa de desarrollo de cultivos alternativos como el que plantea el Plan Colombia propuesto por un Estado central que se ha caracterizado por su abandono endémico, la represión ante las movilizaciones y la apertura de diálogos que no son tales ya que los acuerdos no son asumidos por el estado como bloque y rara vez son implementadas las inversiones prometidas.

El departamento del Caquetá tiene una extensión de 88.965 kilómetros cuadrados lo que lo convierte en el departamento más extenso de la geografía colombiana. Limita al norte con los departamentos del Meta y el Guaviare, por el sur con el Putumayo y el Amazonas, por el este con el mismo Amazonas y Vaupés y por el oeste con el Cauca y el Huila . El departamento del Caquetá tiene una población aproximada de 311.400 personas y una presencia importante (cercana al 10% del total de población) de pueblos indígenas, especialmente los pueblos Coreguage, Inga y Paece, en la región. Los principales centros urbanos del departamento son Florencia, capital del departamento, San Vicente del Caguán y Puerto Rico. Las principales actividades económicas del departamento son la ganadería, la pesca así como la actividad agrícola materializada en cultivos de maíz, plátano y yuca. La zona del Piedememonte del Caquetá (sobre la carretera Florencia-San Vicente del Caguán), por sus características geográficas (presencia de extensas praderas) se dan actividades de ganadería extensiva.

Mapa 3 Departamento del Caquetá

Fuente: Universidad Distrital

La colonización del departamento del Caquetá puede ser dividida en varias etapas históricas que coinciden con la división espacial del mismo proceso de poblamiento del departamento debido igualmente a la gran extensión que caracteriza el territorio

. De manera genérica, el inicio de la llegada masiva de población no indígena al Caquetá se origina a principios de la década de los cincuenta como respuesta a la expulsión de población campesina del interior del país a causa de la violencia .El periodo más intenso de colonización se da a partir de la década de los sesenta bajo el auspicio tanto de la Caja Agraria como del Incora (adoptando, en la práctica, las funciones tradicionales y exclusivas del Estado) que no evitaron la expansión junto con el avance colonizador de una frontera agrícola basada en un modelo de desarrollo excluyente. El proceso de colonización tutelado por el INCORA languidece hasta su colapso definitivo hacia finales de la década de los setenta. La colonización del Caquetá da lugar a la diferenciación de tres áreas características: la zona norocidental, el área central y el ámbito surcordillereano.

Cronológicamente, el proceso de colonización del Caquetá puede dividirse en tres grandes etapas : la primera, abarcando el periodo 1870-1975 se enmarcaría en las dinámicas migratorias derivadas de las persecuciones partidistas de los años cincuenta y la explotación de recursos naturales como el caucho o la madera, la segunda fase consolidación se desarrolla entre 1960 y la década de los ochenta y se caracteriza por la apertura de las principales vías de penetración así como la fundación de las principales aglomeraciones urbanas. La tercera etapa denominada de Desestabilización que abarca desde inicios de la década de los ochenta hasta aproximadamente la actualidad este periodo se encuentra marcado por la intensificación del conflicto armado en región protagonizada principalmente por el M-19 y la multiplicación de los cultivos ilícitos, ambos factores tienen considerables consecuencias tanto en los procesos migratorios como en la transformación de la estructura social y política del Caquetá

Se distinguen tres grandes ejes de colonización que desembocarán en la conformación de tres sectores o áreas de colonización diferenciados tanto a nivel espacial como histórico y político; el primero sería el denominado noroccidental cuyos ejes de desarrollo son San Vicente del Caguán y Puerto Rico, en segundo lugar se hablaría de una colonización central cuyos epicentro sería la capital departamental Florencia y cuyo desarrollo tiene como vértices principales la ciudad de Doncello hacía el norte y Belén de los Andaquíes hacía el sur. El tercer sector diferenciado de colonización sería el constituido por loa que se considera la colonización surcordillerana que partiendo desde Belén abarca todo el piedemonte de la cordillera desde San José del Fragua hasta la denominada Bota Caucana colindante a la parte alta del río Caquetá. Se trata de una tendencia observable desde los años treinta pero que adquiere verdadera relevancia en el a partir de la década de 1960 momento de máxima afluencia de la colonización del departamento del Caquetá.

La estructura social del departamento del Caquetá se ve gravemente afectada por la masiva expansión de los cultivos ilícitos a partir de la década de los ochenta, las principales consecuencias de este proceso son de carácter económico ya que el cultivo de la hoja de coca y, en menor mesura de amapola, desplaza por su mayor rendimiento lucrativo el resto de actividades económicas tradicionales en la región como la agricultura tradicional. Posteriormente y directamente relacionado con el gran aumento de población que experimenta el Caquetá en un corto espacio de tiempo esta influencia de los cultivos ilícitos se traslada al aspecto social traduciéndose en desórdenes de todo tipo, en este contexto de deriva la guerrilla en ese caso las FARC aparecieron entonces como un elemento de orden, una autoridad equivalente a un paraestado

Adicionalmente, el departamento del Caquetá sufre una profunda transformación a nivel social y político desde finales de la década de los setenta con la agudización del conflicto armado en la región, periodo que se inicia en 1979 con el incidente del avión de Aeropesca que el M-19 Hizo Aterrizar en la zona del bajo Orteguaza esto marca el inicio de la conocida como "guerra del Caquetá" etapa de la confrontación armada que se caracteriza por la militarización del departamento y la participación del a población civil en los operativos militares lo que provocó el desplazamiento masivo de campesinos hacia los centros urbanos.

La militarización del departamento ha caracterizado la situación política del territorio en la última década siendo simultáneamente uno de los escenarios principales del actual proceso de paz con el acuerdo para despejar por parte del ejército una zona de 42.000 kilómetros cuadrados denominada "zona de distensión", escenario de los diálogos entre las FARC y el gobierno central. En los últimos meses han sido frecuentes las denuncias por parte de algunos medios y autoridades militares respecto a la utilización que las FARC estrían dando a la zona de despeje desde donde se habrían lanzado o preparado tanto las últimas ofensivas del grupo guerrillero como planeado las tomas, ataques y hostigamientos a municipios del departamento del Meta y el Huila.

Al igual que en los casos de los departamentos del Putumayo y Guaviare en el Caquetá se detecta presencia de todos los actores armados involucrados en el conflicto en Colombia. Sin Embargo el dominio militar de las FARC en el área es considerable: la penetración de los grupos paramilitares en la zona aunque ha aumentado en tiempos recientes es mínima y las fuerzas militares y de la Policía Nacional destacadas en el departamento han sido objeto de severas derrotas en los últimos años.

La presencia de grupos guerrilleros en el Caquetá se remonta al propio proceso de colonización, la guerrilla se configura como elemento esencial de las llamadas "puntas de colonización" ejerciendo un papel de autoridad y árbitro. Sin embargo la presencia de la guerrilla en el Caquetá experimenta una transformación a partir de principios de los ochenta cuando la agrupación M-19 escoge el departamento para empezar a conformar sus escuadras rurales. La toma de Puerto Rico en 1974 por parte de las FARC y del municipio de Belén de los Andaquíes en 1979 por el M-19 son una muestra del principio de la consolidación de la capacidad de los grupos guerrilleros en la región. El fallido aterrizaje del avión de Aeropesca en Orteaguaza en 1981 marca la intensificación de la conocida como Guerra del Caquetá que entre 1979 y 1983 enfrentará al M-19 y las fuerzas del ejército. Los campesinos de la zona fueron los principales afectados por la militarización del departamento y los que más sufrieron las consecuencias del enfrentamiento armado lo que se tradujo en movimientos migratorios al interior del departamento y desplazamiento forzado de colonos hacia otras zonas del país como el Huila.

Tras la desmovilización del M-19 a finales de los ochenta, las FARC ocuparon el espacio, fortaleciendo su presencia en el departamento especialmente en la zona del medio y bajo Cagúan como señala Alberto Valencia " en el medio y bajo Caguán las FARC pudieron fortalecerse militar y estratégicamente conformando una zona vedada por el estado y su aparato armado" Actualmente, en el Caquetá actúan los frentes 3º,13,14,15,32 y 49 de las FARC tienen presencia en el departamento. La zona del Caguán fue escenario de una de las mayores derrotas de la historia del ejército colombiano cuando entre el 2 y el 3 de marzo el batallón 52 de la Brigada Móvil No3 (unidad de elite contraguerrilla) fue sorprendida por efectivos de las FARC en el sector del Billar:80 militares resultaron muertos, treinta heridos y 43 secuestrados. Según algunas fuentes en la zona del Caquetá la participación de las FARC en el comercio de narcóticos es más intensa que en otras zonas, así la guerrilla controlaría todo el proceso de comercialización de la pasta de coca para evitar la participación de intermediarios que, como se demostró en los casos de Guaviare y el Putumayo pueden ser enviados o complices de los grupos paramilitares.

No existe una presencia constante y organizada de grupos paramilitares en el Caquetá si bien en numerosas ocasiones Carlos Castaño ha amenazado en repetidas ocasiones con incursionar en la zona de despeje. El Caquetá, al igual que los departamentos de Guaviare y Putumayo, es considerado objetivo militar por parte de las AUC desde su 3ª conferencia en 1997 como exponente del "país que colonizó la guerrilla". Si bien no se puede decir que el accionar paramilitar haya penetrado en el Caquetá Carlos Castaño mantuvo reuniones con grandes propietarios de cultivos ilícitos tanto del Guaviare como del Caquetá cuatro meses antes de la masacre de Mapiripán de julio de 1997, en esta reunión celebrada en La Cooperativa (Meta) ofreciéndoles protección a cambio de la mitad de lo que le pagaran a la Guerrilla. Se trata de una cooptación similar a la realizada entre los comerciantes de los centros urbanos de Putumayo y Guaviare previa a la entrada definitiva d e los grupos paramilitares en las respectivas áreas.

La situación del Caquetá ilustra de manera paradigmática la ausencia civ il del Estado en las zonas de colonización del sur del país y la asunción por parte de autoridades militares del rol de las instituciones estatales como elemento estructurador y/o ordenador de la sociedad. La militarización del departamento del Caquetá intensificada a partir de finales de la la década de los 70 en el contexto de la guerra del Caquetá , aparece como un proceso simultáneo al fortalecimiento militar de las FARC en la región . El Caquetá fue uno de os objetivos del Plan LASO esta estregia fue sustituida por el reforzamiento de las actividades civico-militares inseridas en el plan Andes (Plan decenal anticomunista) especialmente a través del Ministerio de Agricultura y la adjudicación DE tierras en zonas controladas por la guerrilla. La militarización del departamento durante confrontación con el M-19 conduce a la creación del Comando operativo de desarrollo número 12 que posteriormente se convertirá en la decimosegunda brigada, posteriormente se intentó un proyecto de colonización militar orientado desde la base militar de La Tagua (departamento del Putumayo).

La percepción por parte de las Fuerzas Militares del Caquetá como una zona hostil (sensación acrecentada por las derrotas del periodo 1994-1998) contribuye a que las tropas estacionadas en la zona, muy especialmente la decimosegunda brigada con base en Florencia, se comporten como una fuerza de ocupación. Son frecuentes las denuncias de abusos, atropellos y violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales de la población civil de la zona. Este comportamiento se puso especialmente de manifiesto durante las marchas campesinas de agosto de 1996.

EL Caquetá ha sido escenario de los principales operativos del ejércitos en los últimos años. Entre estos destaca el Plan Conquista implementado a mediados de 1996 que buscaba recuperar los territorios del Sur objetivo que se cumplió solo de forma provisional viéndose obligado el ejército a retirarse de la zona tras dos meses de hostigamiento de las FARC. Entre los meses de septiembre y octubre de 1997 a través de la Operación Destructor II, tropas del ejército y la Fuerza Aérea realizaron durante tres semanas operaciones de rastrillo con bombardeos apoyando el avance de 3500 hombres, el resultado de esta operación (que costó cerca de 17000 millones) de pesos fue un guerrillero capturado, varias vacas muertas y destrucción de tres casas que nada tenían que ver con la guerrilla. En 1998 tras los sucesos del Billar la Fuerza de Tarea Conjunta (conformada por 5000 hombres de la Brigada Móvil No.3 así como las Brigadas 12 y 24 del ejército y con apoyo de la Policía Antinarcóticos) ingresó a la zona. Si desde el punto de vista militar la incursión fue un éxito relativo (las tropas permanecieron en la zona cerca de tres semanas) fue algo absolutamente contradictorio con el Plan Social de inversiones que el Presidente Samper quería implementar en la zona. En conclusión el desempeño del ejército en el Caquetá es una muestra de las principales debilidades de este especialmente el manejo de inteligencia, las comunicaciones y coordinación entre unidades y la falta de preparación logística para los operativos.

Al igual que en los casos del Putumayo y Guaire en el Caquetá se puede hablar conpropiedad de una narcoeconómia ya que cerca del 50% de la activiadd económica gira alrededor delc omercio de la hoja de coa y sus derivados. Acitivades como la ganadería o los cultivos extensivos se encuentran resrvados para aquellas personas que ya cuentan con unos recursos superiores a la media

La coca llega al departamento del Caquetá entre finales del a década de los setenta e inicos de los ochenta. En un primer momento el cultivo de coca se presenta como una alternativa económica viable para un colono que no cuenta con el respaldo del estado y que ve que los cultivos tradicionales no aseguran la supervivencia debido a la ausencia de vías de comunicación y canales de comercialización. La producción comercial de la hoja de coca se inica en la zona del medio y bajo Cagúan (lo que actualmente sería Cartagena del Chairá)

La aparición de la coca supone una transformación de la estructura social y económica del departamento, adicionalmente convulsiona considerablemente el proceso de colonización observándose variaciones agudas de población directamente relacionadas con el auge (bonanza) o descenso (sobreproducción) del precio de hoja de coca . La extensión de los cultivos ilícitos presentes en el Caquetá varía según las fuentes ; para la Policía Antinarcóticos y el Departamento de Estado en el Caquetá había 8,400 hectáreas en 1992 que aumentaron a 9,3000 en 1993 para alcanzar las 11,700 en 1994. Entre 1995 y 1996 es cuando según estas mismas fuentes los cultivos experimentan el aumento más importante pasando de 15,600 hectáreas en 1995 a 21, 600 al año siguiente. Otras fuentes señalan que en 1996 se podrían haber alcanzado las 500,000 hectáreas de coca. Para 1998 la única lectura aproximada se refería a 23,400 hectáreas.

Composición y formulación de la ayuda militar norteamericana.

El aporte financiero del gobierno de Estados Unidos al llamado Plan Colombia es uno de los mayores paquetes de ayuda militar que la administración norteamericana haya diseñado para cualquier país latinoamericano . Esto implica una fuerte señal de apoyo para el gobierno y las políticas del señor Pastrana Arango y un cambio radical respecto a la anterior etapa de las relaciones colombo-estadounidense. Sin embargo existen otros factores más allá del simplemente cuantitativo que hacen que estos recursos no aparezcan ni tan desinteresados ni tan unívocamente consagrados a la lucha contra las drogas.

Existen dos hechos fundamentales en el escenario internacional que merecen ser tomados en consideración al analizar tanto la cooperación militar colombo-norteamericana como las implicaciones a futuro del llamado Plan Colombia. En primer lugar le fin de la llamada guerra fría y la pérdida del referente político que suponía para los movimientos subversivos de tipo marxista la existencia de un régimen como la Unión Soviética; el fin de la confrontación ideológica supuso un rediseño de la política exterior global de los Estados Unidos de América. En la confección de la nueva agenda nuevos temas como el medio ambiente, los derechos humanos o la democracia ganaron importancia en detrimento de los aspectos puramente militares o de seguridad entendida en términos de áreas de influencia. Igualmente el imaginario político vio desaparecer al adversario comunista y la percepción de nuevos peligros y amenazas globales como los movimientos terroristas o el tráfico de estupefacientes. En segundo lugar el nuevo escenario requiere de recursos de poder diferentes a los utilizables durante la guerra fría en este sentido la capacidad económica de los estados (o de sus empresas) aparece como un elemento fundamental, la prioridad es poder invertir y comerciar de la manera más libre posible ya sea a través de acuerdos comerciales o mediante la reducción unilateral de tarifas arancelarias por parte de los países en vías de desarrollo o los denominados mercados emergentes . América Latina es un claro ejemplo del cambio en la política exterior estadounidense, hoy las presiones y sugerencias sobre Washington ya no son sobre temas de "seguridad nacional" clásica más bien se refieren al manejo de mercados, políticas cambiarias o tarifas aduaneras. En este contexto las presiones de tipo político y económico pueen llegar a mezclarse como lo muestran la coordinación entre objetivos políticos norteamericanos y ayudas económicas (en forma de préstamos ) de instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

La influencia norteamericana en la región no ha disminuido, simplemente ha tomado nuevas formas con la expectativa de conseguir los mismos resultados; esto es la consecución de los objetivos principales de la política exterior estadounidense traducidos en estabilidad política y económica que garantice la posibilidad de invertir y comerciar sin trabas con los países de la región. El hecho que haya cambiado el escenario político y que nuevos factores se hayan convertido en determinantes no significa que haya desaparecido el elemento coercitivo inherente a las relaciones internacionales. Como se analizará de forma más detallada en páginas siguientes, el abandono de la base de Howards en Panamá por parte del ejército norteamericano ha obligado al Comando Sur (máximo responsable de la política militar estadounidense en el hemisferio) a un profundo replanteamiento del teatro de operaciones así como una reestructuración profunda de sus bases y localizaciones en el continente. En este sentido se entiende la aparición de nuevos polos de presencia norteamericana como Colombia, Ecuador y Perú.

El Plan Colombia no es una iniciativa aislada, los funcionarios y académicos norteamericanos esperan que se extienda a seis o incluso ocho años más para que realmente sea efectivo. Contrariamente a lo que se ha dicho el Plan Colombia no es solo asistencia militar, igualmente plantea una serie de acciones en el campo macroeconómico como son una mayor liberalización de los flujos de capital y el mercado laboral que buscan profundizar en las reformas introducidas durante la década de los noventa bajo el periodo de la apertura. Bajo este objetivo se entiende el fortalecimiento del sector servicios y la iniciativa privada como motor de la recuperación económica o una mayor flexibilización del mercado laboral que ponen de evidencia la existencia de objetivos a largo plazo más cercanos al ámbito económico que al social o político.

Hay otros factores que deben tomarse en consideración a la hora de analizar las implicaciones que tiene a la fecha la cooperación militar colombo-estadounidense. En primer lugar la paradoja que representa Colombia en el área andina, con un conflicto armado de más de tres décadas de historia sigue representando la tradición democrática ininterrumpida más larga de la región... aunque tal longevidad se deba a factores tales como la exclusión social y política de grandes grupos de la población o la criminalización de la protesta colectiva rasgos característicos del sistema político colombiano desde hace más de cuarenta años. Sin embargo el actual contexto ofrece un panorama confuso en la región andina, los vecinos de Colombia que serían los principales afectados en caso de extenderse el conflicto interno más allá de las fronteras colombianas son a su vez ejemplos de inestabilidad: un régimen supuestamente revolucionario encarnado en el exgolpista Hugo Chavez en Venezuela, el colapso económico e institucional en Ecuador y un sistema autoritario y crecientemente dictatorial en Perú y un desgaste creciente del gobierno de Hugo Banzer hacen aparecer a Colombia como un estado en construcción, de instituciones frágiles y gobiernos débiles pero donde se mantiene la estructura del sistema político y los instrumentos de control social de manera suficientemente eficaz para que un cambio súbito o una transformación traumática de la sociedad sea, en principio, descartable; esto es una cierta estabilidad dentro de la convulsión regional. En segundo lugar, la propia situación interna de Colombia es motivo de preocupación en cancillerías vecinas y en el mismo departamento de estado sin embargo es innegable que Colombia cumple con un papel de distracción respecto a las políticas domésticas que resulta muy útil a los gobiernos anteriormente mencionados. Señalar el peligro colombiano y actuar en consecuencia (militarizando fronteras, ofreciendo asistencia militar o preparando eventuales acciones coordinadas) bajo el principio de la estabilidad regional es una pretensión que obedece directamente a los intereses del departamento de estado estadounidense muy escéptico respecto al a posible evolución de los acontecimientos en la región andina y, por extensión, en el hemisferio.

No obstante resulta claro para la mayoría de analistas, tanto colombianos como norteamericanos, que el conflicto armado en Colombia ha entrado en un impasse en el cual ninguno de los actores enfrentados puede conseguir la victoria militarmente en este contexto se entienden las actuales conversaciones de paz. Sin embargo varios analistas coinciden en señalar las ambigüedades y escepticismos que desata un proceso de paz que pretende avanzar en medio de la guerra, en el sentido que sin un cese al fuego o una reducción de las hostilidades la voluntad de paz de los participantes en el proceso se encuentra en entredicho. Es esta una posición defendida por diferentes medios en Estados Unidos, en el sentido que para obligar a las FARC a negociar seriamente es preferible que el Estado colombiano cuente con la fuerza suficiente para hacer creíble una eventual amenaza ante el fracaso de las conversaciones

Los 300 millones de dólares norteamericanos que Colombia recibe en equipos, armamento y entrenamiento la situaron en 1999 como el tercer receptor de programas de asistencia en seguridad a nivel mundial (Egipto e Israel ocupando los dos primeros lugares). Esto supone un cambio sustancial en la política exterior de ambos países. Des de una perspectiva general. evidencia el aumento de importancia que la situación colombiana (entendida como la conjunción de cultivos ilícitos y conflicto armado interno) ha experimentado en Washington y el intento por ambas partes de recuperar y fortalecer los vínculos existentes antes de la presidencia de Ernesto Samper. Un análisis más profundo revela nuevos factores que añaden complejidad a la actual situación por un lado el hecho que la entrada de drogas a los Estados Unidos sea considerado un factor que amenace de manera tan evidente la seguridad nacional supone un importante cambio cualitativo respecto al enfoque tradicional de Estados Unidos respecto al tema y justifica que el tema ocupe un lugar de importancia en la agenda de política exterior de Estados Unidos, por el otro la inserción de la guerra antidrogas en el conflicto armado interno de Colombia y la participación de Estados Unidos en esta hace pensar en una posible mayor internacionalización del conflicto. Internacionalización que se hace evidente en países vecinos como Perú, Venezuela y muy especialmente en Ecuador. Paralelamente la asunción que se hace desde Washington entre los grupos guerrilleros y el tráfico de narcóticos junto con la identificación del narcotráfico como un factor de amenaza a la propia existencia del estado en Colombia suponen un enfoque inquietante de la actual problemática colombiana, ya que reflejan un punto de vista que no toma en consideración la enorme complejidad que ha alcanzado el conflicto en los últimos treinta años.

Normalmente, en el país se encuentran entre 250 y 300 efectivos militares norteamericanos, la mayor parte de ellos adscritos a las Fuerzas de Operaciones Especiales. Según el Departamento de Defensa Norteamericano su misión se limita a tareas de entrenamiento, reconocimiento, detección antidroga y operativos de inteligencia la mayor parte de estas actividades son consideradas secretas. La administración estadounidense niega que las fuerzas norteamericanas presentes en suelo colombiano participen o colaboren con el ejército colombiano en actividades militares contra grupos armados o traficantes de droga.

• Instalaciones de radar

El ejército norteamericano mantiene 5 equipos de radar en Colombia destinados al control del tránsito de droga. Los tres más importantes (fijos) se encuentran en:

1. Leticia, departamento del Amazonas (cubre todo el ámbito amazónico)
2. Marandúa, departamento de Vichada (destinado al monitoreo del área fronteriza con Venezuela)
3. San José del Guaviare, departamento del Guaviare (controlando el sur del país, incluyendo la zona de distensión)

Algunas fuentes sitúan otra instalación de radar similar a las mencionadas en la reserva indígena de Monchoa en Araracuara (departamento del Caquetá) mantenida y controlada exclusivamente por personal norteamericano. Los dos restantes, situados en Riohacha, La Guajira y en la Isla de San Andrés forman parte del Sistema de radares del Caribe de la Fuerza Aérea Norteamericana (Caribbean Basin Radar Network)

Las FOL cuyas siglas corresponden a Bases de Operaciones Avanzadas son instalaciones utilizadas por el ejército norteamericano situadas en países vecinos cuya función principal es prestar apoyo logístico (especialmente comunicaciones ) a los operativos desplegados en el exterior por el ejército y otras agencias gubernamentales. El acuerdo que permite el funcionamiento de las FOL permite a loas aviones norteamericanos de detección y monitoreo tener acceso a aeropuertos o bases militares extranjeras que son manejadas por personal nativo con una presencia limitada de personal de las principales agencias norteamericanas involucradas en funciones antinarcóticos como la DEA o la Guardia Costera. Las FOL son consideradas esenciales para el desarrollo del Plan de Campaña ya que, según el responsable del Comando Sur del ejército estadounidense, proporcionan el apoyo operacional indispensable para el desarrollo de las operaciones antinarcóticos en todas las zonas productoras . Las FOL han cobrado especial importancia tras el cierre de la base norteamericana de Howards en Panamá desde donde se realizaba el 85% de las tareas de control aéreo y antinarcóticos de Estados Unidos. Las actividades de la base han sido trasladadas a las localizaciones de Manta en Ecuador y Aruba y Curacacao en las antillas holandesas mientras prosiguen las negociaciones con un país centroamericano que acepte albergar una nueva base.

El gobierno ecuatoriano firmó en abril de 1999 un convenio con el departamento de Defensa de Estados Unidos un acuerdo marco para la "concesión de facilidades logísticas ala Fuerza Aérea de los Estados Unidos" que contemplaba la instalación de un componente aéreo norteamericano en la base militar de Manta situada en la costa pacífica del país. El acuerdo tenía una vigencia de seis meses y suponía la instalación de 200 efectivos militares y personal civil norteamericano en la base, con la posibilidad de albergar hasta ocho aviones para cumplir misiones relativas a reconocimiento, patrullaje marítimo e inteligencia de comunicaciones en el marco de la lucha antinarcóticos. El convenio contaba con una cláusula que permitía una renovación para un periodo más largo de entre 8 y diez años. La renovación se daba por hecha en Ecuador para noviembre de 1999 adelantando que unidades tanto de la Fuerza Aérea como del Ejército, la Guardia Costera y el Servicio de Aduanas norteamericanos iban a instalarse en Manta

El General Wilhelm reconoció en Manta una de las principales prioridades operativas del Comando Sur ya que era la única localización que permitía cubrir con AWACS y otros aviones espías Perú, Colombia y casi toda Bolivia. Manifestó haber logrado un acuerdo a largo plazo para la utilización de la base. La Capacidad de la base para 3 aviones de tamaño medio (entre ellos el P-3 y el C-130) iba a empezar a ser utilizada al máximo en abril del presente año con operaciones en cualquier clima las 24 horas del día. Según el jefe del Comando Sur las mejoras que se realizarán en Manta en un futuro próximo permitirán el aterrizaje de aviones más pesados como el KC-135 o el AWAC E-3 haciendo que se puedan conducir operaciones de detección, vigilancia y persecución sin ninguna restricción.

Las negociaciones entre funcionarios norteamericanos y holandeses acerca de la utilización de las bases de Aruba y Curazao se iniciaron en noviembre de 1998, en abril de 1999 se firmó un acuerdo que permite la utilización norteamericana de las instalaciones de los Aeropuertos de Hato en Curazao y Reina Beatriz en Aruba por parte de fuerzas norteamericanas (en este caso aeronaves adscritas al Departamento de Defensa y Servicio de Aduanas); el acuerdo provisional tiene una duración o vigencia de un año prorrogable. Según responsables holandeses la presencia de personal norteamericano en Aruba y Curazao consistirá en un grupo de entre diez y quince personas de manera permanente y otros 300 hombres de manera rotativa, sin embargo se reconoce que se espera un crecimiento paulatino del personal norteamericano en las bases.

Para el general Wilhelm las instalaciones tanto de Aruba como Curazao son esenciales para desarrollar las tareas de detección en la parte norte de Colombia, la Península de la Guajira, la zona fronteriza con Venezuela y la zona de transito situada en Panamá Se trata de la base de operaciones de los aviones P-3 Y c-550 encargados de las tareas de detección y monitoreo, sin embargo una vez hayan sido reformadas serán capaces de albergar toda la gama de aviones de tamaño medio. Según el responsable del Comando Sur del Ejército Estadounidense la capacidad actual de las bases de Curazao limita sus funciones ya que solo pueden utilizarla ( a causa del poco espacio de rampa disponible)una aeronave de tipo grande (AWAC-E3) 2 medianos (c-130) y 6 pequeños (A-10) con la remodelación contará con capacidad para 2 aviones de tipo grande, 4 medianos y 6 pequeños entre los que se contarían presumiblemente el F-116 y más aeronaves del tipo C-550.

Las funciones de las FOL son motivo de polémica ya que si bien su cometido principal son las actividades antinarcóticos lo cierto es que sus radares y aparatos de detección cubren todo el territorio nacional de Colombia (mediante la triangulación que tiene el puesto de radares terrestres situado en territorio venezolano bajo control estadounidense) que es su espacio natural de operaciones junto con el área del caribe. Los aviones tipo AWAC E-3 sentry y P-3 orion son los denominados "aviones espías" en el sentido que proporcionan información sobre cualquier aeronave que traspase el espacio aéreo que controlan así como datos de la superficie que sobrevuelan. En teoría sus funciones principales son controlar el movimiento de aeronaves sospechosas de transportar drogas o realizar vuelos no autorizados y evaluar la extensión de los cultivos ilícitos y las fumigaciones. Tal información es compartida, de manera inmediata (real time) con los responsables de la lucha antinarcóticos en la Fuerza Pública de Colombia.. Como se verá a continuación, una nueva directiva del gobierno norteamericano permite que los funcionarios norteamericanos compartan no solo informaciones relacionadas con los cultivos ilícitos sino igualmente todas aquellas que estén relacionadas con la presencia, movimientos o actividades del a guerrilla; tal información tendría una incidencia clara no solo en el desarrollo del conflicto armado interno sino igualmente graves implicaciones para los derechos humanos ya que no se puede dictaminar con qué tipo de fuerzas compartirán posteriormente la información recibida de Estados Unidos los militares colombianos.

• Presencia de otras agencias gubernamentales norteamericanas.

Otra importante representación norteamericana en Colombia es la materializada por la Drug Enforcement Agency (DEA) quien realiza actividades de asesoramiento y entrenamiento con la Policía Nacional.

• Fumigaciones aéreas

El programa de erradicación aérea forma parte de las actividades del programa Control Internacional de Narcóticos (CIN, International Narcotics Control INC) que depende del Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs

Dependiente del Departamento de Estado.

El programa se basa en la dispersión aérea de glifosato en los departamentos de Guaviare y Caquetá. Un programa menor para fumigar amapola en otras partes de Colombia empezó en noviembre de 1998. Planes para extender el programa de fumigaciones en el departamento del Putumayo habían sido descartados en el pasado a causa del peligro que implicaba la fuerte presencia de la guerrilla en la región.

Igualmente hay que tener en cuenta la presencia de pilotos contratados para las fumigaciones aéreas. Estos pilotos utilizan aviones de aspersión propiedad del Departamento Estado y fumigaron cerca de 65,000 hectáreas en 1998. Son contratados por una empresa llamada Dyncorp con sede en Virginia, Estados Unidos, se calcula que su personal en Colombia se sitúa entre las 80 y las 90 personas

Las fumigaciones costaron al CIN 19.6 millones de dólares en 1996 mientras que el costo en 1999 alcanzó los 68 millones, esto es un aumento del 30%. En las operaciones de fumigación aérea participan los mencionados aviones de la Dyncorp, escoltados por aviones y helicópteros oficiales colombianos financiados por el departamento de Estado estadounidense.

Es probable que en futuras fumigaciones participe un tipo de avión conocido como A-10 "Warthog" se trata de una nave de combate cuya especialidad es el apoyo aéreo a unidades terrestres, actualmente se está calculando el coste de transferir este tipo de aeroplanos (con las modificaciones requeridas) para misiones en la zonas cocaleras de Colombia.

La Dirección de Antinárcoticos (DANTI) de la Policía Nacional ha sido la principal contraparte del gobierno de Estados Unidos en actividades de erradicación y otro tipo de misiones antinarcóticos. Otros cuerpos policiales susceptibles de recibir ayuda estadounidense son la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), EL Plan Nacional para el Desarrollo Alternativo (PLANTE), algunos elementos del ejército involucrados en la lucha antinárcoticos y Aerocivil.

El programa de la INC es la principal fuente de recursos para la asistencia norteamericana en Colombia se base en la "Western Hemisphere Drug Elimination Act" norma legal que auspicia el esfuerzo de la guerra de las drogas estadounidense. En 1999 sus actividades en Colombia tuvieron un presupuesto de 203 millones de dólares, 195 de ellos para las fuerzas de seguridad (principalmente la Policía Nacional)) en las tareas de erradicación aérea, embargos de químicos e investigaciones de inteligencia.

Los fondos de la INC sirvieron para entrenamiento, repuestos, combustible y mejoras en los equipos en la división aérea de la policía antinarcóticos.Sirvió para pagar los salarios de 100 pilotos civiles así como el mantenimiento y personal de logística de la división aérea. Entrenó a 153 policías en 1997 y 125 en 1998.

El senado estadounidense aprobó en octubre de 1998 una partida presupuestal suplementaria para aumentar los recursos de la INC. Esta partida debía cubrir:

• 6 helicópteros UH-60 "Blackhawk " (96 millones de dólares) para la Policía Nacional
• 34 helicópteros (usados) UH-1N de doble motor +15 mejoramientos de helicópteros UH-1H "Huey" (que pasan a convertirse en "Super Huey") que ya eran de la Policía Nacional (40 millones de dólares)
• Apoyo y operaciones de la sección aérea de la Policía Nacional (6 millones de dólares)
• Medidas de seguridad para las bases antinarcóticos de la Policía Nacional (6 millones de dólares)
• Avión DC-3 de Transporte para la Policía Nacional (2 millones de dólares)
• Reconstrucción de la Base Militar de Miraflores destruida en agosto de 1998 (2 millones de dólares)
• Mejora de los sistemas de seguridad de las cárceles controladas por la Policía Nacional (1.2 millones dólares)
• Implementación de un programa de "extensión de vida activa" para los aviones de ataque de la Fuerza Aérea Colombia "Dragonfly" A-37 (14 millones de dólares)

A pesar que hasta el momento la Policía Nacional había venido recibiendo el grueso de la ayuda antinarcóticos norteamericana (en términos cercanos al 90%), en 1999 la INC planeaba dedicar 4 millones de dólares para reiniciar un programa que se había interrumpido en 1997 de Apoyo a las Tareas Antinarcóticos de las Fuerzas Armadas en Colombia para que " apoyen a la Policía Nacional o lleven a cabo operaciones antinarcóticos independientes", la asistencia prevista consistía en repuestos, suministros, equipos y entrenamiento para la utilización de los aviones C-130 Y C-26 así como el uso de patrulleras marítimas y fluviales.

Tras la constatación por parte de las autoridades norteamericanas (encabezadas por el Sr. Brian Sheridan), de que el ejército adoptaba el mismo compromiso contra el narcotráfico que la Policía Nacional. El jefe del Comando Sur, General Charles Wilhelm se declaró firmemente partidario de aumentar la ayuda a las Fuerzas Armadas de Colombia dada las elevadas posibilidades de confrontaciones con la guerrilla durante las tareas de antinarcóticos.

El nuevo paquete de ayuda antinarcóticos presentado por el presidente norteamericano William Clinton el pasado 11 de enero pone el acento, de manera clara, en el factor militar como solución. El paquete obedece a la formulación planteada por el Plan Colombia. Entre los años 2000 y 2001 se entregaría alrededor de 1000 millones de dólares en asistencia para la policía y el ejército colombianos a pesar que otros países de la región (notablemente Perú y Ecuador) recibirían igualmente porciones importantes de ayuda. El paquete debería ser aprobado en dos partes: como apropiación suplementaria para el año 2000 y como demanda de presupuesto para el 2001. El paquete de ayuda se divide en 5 grandes categorías: penetración en las zonas del sur del país (señaladas como las principales áreas productoras de coca), una política de interdicción aérea (entendida como la persecución y derribo de cualquier avión sospechoso) más agresiva a nivel andino, apoyo a la Policía Nacional, apoyo a programas de desarrollo económico alternativo y mejora de la gobernabilidad del país.

• Entrenamiento y equipamiento de 2 batallones antinarcóticos adicionales.
• 30 helicópteros UH-60 "Blackhawk" y 33 UH-1H "Huey" para el batallón antinarcóticos.
• Provisión de inteligencia (equipos y entrenamiento) para el batallón antinarcóticos.
• Asistencia Humanitaria (proveída por la USAID) que serviría para " proporcionar refugio y trabajo a aquellos colombianos que serán desplazados durante esta penetración en el sur del país"

2 Interdicción andina más agresiva

• Mejoramiento radares ya existentes
• Mejoramiento de aviones y aeropuertos
• Tareas de inteligencia
• Apoyo a la Posición de Avanzada situada en la Base militar de Manta, Ecuador (38,6 millones de dólares)
• Asistencia a Perú, Bolivia y Ecuador

• Compra de más aviones de fumigación (tipo Cesna)
• Mejorar la seguridad de las bases para incrementar las operaciones en las zonas de producción cocalera.
• Operaciones de inteligencia

• Asistencia humanitaria para proporcionar alternativas económicas para los antiguos cultivadores de coca.
• Asistencia para incrementar la capacidad de los gobiernos locales para satisfacer las necesidades básicas de la población.

• Incrementar la protección de los derechos humanos, reformar el sistema judicial, garantizar el imperio de la ley y reprimir el lavado de dinero.
• Entrenamiento de los funcionarios colombianos para el desarrollo de las negociaciones de paz.

Fuente: "A new aid package" en http://www.ciponline.org/facts/co.htm

La mayor parte de la ayuda sería manejada por la Agencia Internacional de Narcóticos, dependiente del Departamento de Estado, una porción importante (especialmente en los dos primeros puntos reseñados) sería responsabilidad del Departamento de Defensa a través de la Sección 104 del presupuesto. El Departamento de Estado estaría detrás de la asignación de alrededor de 100 millones de dólares para el fortalecimiento del sistema judicial, protección de los derechos humanos, asistencia al desplazamiento forzado y 50 millones adicionales para programas de desarrollo alternativo de cultivos.

Si bien los lazos de cooperación militar entre Colombia y los Estados Unidos se verán fortalecidos en caso de aprobarse este nuevo paquete de ayuda no hay que olvidar los vínculos de cooperación ya existentes entre el ejército colombiano y las fuerzas estadounidenses. Estos se remontan generalmente a los años 1998 y 1999

• Batallón antinarcóticos

Fondos del gobierno estadounidense (especialmente bajo la forma de "sobrantes" de equipos) bajo la Sección 104 de la autoridad antidroga del Departamento de Defensa ayudó al gobierno colombiano a crear, entrenar y equipar el Batallón Antinarcóticos en 1999. Según palabras del General Wilhelm (comandante en jefe del Comando Sur) dicho batallón, compuesto por 950 hombres, se caracteriza por ser una unidad especialmente móvil diseñada para trabajar conjuntamente tanto con el Ejército como con la Policía en las zonas del Sur del país. El entrenamiento se inició en abril de 1999, los efectivos que componen dichas unidades fueron seleccionados (individualmente) y sus historiales en derechos humanos examinados caso por caso (sin tomar en consideración su anterior unidad como responsable de eventuales violaciones a los derechos humanos). Su entrenamiento culminó en diciembre de 1999, su cuartel general se encuentra en la Base de Tres Esquinas (Putumayo).

Según cálculos de la Oficina General de Cuentas del gobierno estadounidense equipar este batallón tendrá un costo de 70 millones de dólares, la mayor parte de los cuales estarán destinados a la compra de helicópteros. En este sentido, mediante un acuerdo de alquiler sin costo el batallón recibirá durante el año 2000 18 helicópteros UH-1N así como repuestos y equipos que el ejército norteamericano ya no necesita.

El entrenamiento del batallón corrió a cargo del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército Estadounidense en la base de Tolemaida, Tolima con un coste aproximado de 3,5 millones de dólares. Entre los conocimientos impartidos destacan inteligencia, reconocimiento, fuego indirecto, tácticas de infantería ligera, cuidados médicos y derechos humanos. Durante 1999 se desplegaron en Colombia 30 de estos grupos ( la mayor parte de ellos pertenecientes a las Fuerzas Especiales) que entrenaron a un total de 1,500 efectivos de las fuerzas de seguridad colombianas.

Estados Unidos continuará asumiendo el costo del entrenamiento de más batallones antinarcóticos. De momento ya está previsto el entrenamiento de dos más durante el presente año mientras que algunas voces piden la creación de tres batallones adicionales. El objetivo último (expresado por el General Wilhelm, es llegar a constituir una Brigada (ocho batallones) antinárcoticos, esto es aproximadamente 7,600 hombres entrenados y equipados por Estados Unidos.

Se trata de ejercicios de entrenamiento combinado entre fuerzas estadounidenses(en la mayoría de los casos fuerzas especiales) y efectivos de los distintos estados latinoamericanos que colaboran con Washington en el ámbito militar. Estos ejercicios se vienen realizando con cierta periodicidad en Colombia con anterioridad a las negociaciones adelantadas por responsables políticos y militares de diciembre 1998. Sin embargo ciertos despliegues de estos comandos están rodeados de polémica ya que al no estar financiados por la Ley de Asistencia Externa sino directamente por el Pentágono no pasaron a estar sujetos a la enmienda Leahy hasta julio 1997. Si la autorización presidencial para tales despliegues contemplaba que estos se enmarcaban específicamente en el esfuerzo antinarcóticos varios de los despliegues que se hicieron con anterioridad no cumplían con esa función (siendo impartidos cursos contraguerrilla en determinadas ocasiones), enseñando o entrenando a unidades que no serían elegibles mediante la enmienda Leahy por sus récords en derechos humanos.

Según un reporte oficial de la división de abril de 1998 en 1997 se realizaron 6 de estos despliegues en Colombia sin embargo tras presiones del Senador Leahy el comandante de las fuerzas especiales Sr.Brian Sheridan se vió obligado a admitir que solo entre los meses de julio y agosto se habían realizado 9 despliegues no notificados con anterioridad. Excepto dos, todos los despliegues fueron responsabilidad del 7º grupo de Operaciones Especiales del Ejercito norteamericano (el mismo que entrenó y entrenará al Batallón Antinarcóticos) con sede en Fort Bragg, Carolina del Norte. Existen serios cuestionamientos acerca de los conocimientos impartidos en estos cursos ya que uno de los oficiales colombianos que asistió (el coronel Lino Sánchez) está sindicado de haber colaborado en la organización la masacre de Mapiripán en julio de 1997. Tal masacre ocurrió en el interválo entre dos despliegues de JCET.

El programa antinarcóticos fluvial busca mejorar la capacidad de la Armada colombiana para controlar el tráfico fluvial. El programa operará entre 1998 y el 2002. Está centrado en la zona amazónica y el Sur del país. Los fondos del programa incluyen repuestos, mejoras en infraestructura y entrenamiento para el combate fluvial por parte de pequeñas unidades cada una de ellas con cuatro botes. Ya existen 18 de estas unidades, siete de las cuales fueron ya creadas bajo este programa en junio de 1999. El objetivo es desplegar 45 de estas unidades de combate fluvial.

El programa ha contribuido a crear una nueva Brigada fluvial con cinco batallones iniciales. Anteriormente las Fuerzas Armadas habían desplegado la primera unidad indígena. Durante 1999 el programa fluvial costó entre 9.3 y 12.62 millones de dólares al Departamento de Defensa estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos está asesorando a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para que adopten la política conocida como "Air Bridge Denial" o eliminación del puente áereo, experimentada anteriormente en Perú y que consiste en el derribar o forzar a aterrizar cualquier nave sospechosa de transportar drogas. En este contexto cobra especial importancia la mejora de la flota existente de A-37 "Dragonfly", un avión de interceptación específicamente pensado para operaciones antinarcóticos. El INC contribuyó con 14 millones de dólares norteamericanos en 1999 para la mejora de los aparatos ya existentes, siete millones adicionales fueron igualmente autorizados (dos de ellos para el entrenamiento de pilotos) directamente por el Pentágono. Igualmente se destinaron recursos para prolongar la pista aérea de la Base Militar de Tres Esquinas.

Sin embargo los efectos de la ayuda militar norteamericana hasta la fecha (sin contar con los próximos recursos) , en términos de asesoramiento y entrenamientos sobre la Fuerza Aérea Colombiana y más específicamente sobre el conflicto armado ya son observables, de esta manera la Fuerza Aérea está asumiendo un rol cada vez más visible en la lucha contrainsurgente y su intervención en distintas acciones ha resultado clave en la derrota de la guerrilla. Un ejemplo lo constituye la ofensiva de las FARC del 10 y 11 de julio de 1999 especialmente los combates en Hato Grande (Casanare),Puerto Rondón (Arauca) y en el río Putumayo

Estados Unidos proporciona a las Fuerzas Armadas de Colombia con inteligencia acerca de narcotráfico y actividades guerrilleras mientras mejora la propia capacidad de las fuerzas colombianas para la recolección de inteligencia y el análisis de esta. Se trata, según Rand Beers, Director del INL, de "mejorar la capacidad de las fuerzas de seguridad colombianas para recoger, analizar y distribuir inteligencia sobre narcotráfico y actividades guerrilleras que puedan amenazar las fuerzas antinarcóticos"

En 1999 se instaló el Centro de Inteligencia Conjunta que, situado en la Base de Tres Esquinas (Putumayo) (ver anexo 1)busca materializar los esfuerzos de diferentes agencias del gobierno estadounidense que busca mejorar la transmisión de información entre la Policía Nacional y unidades militares. Bajo determinadas circunstancias personal norteamericano comparte información con la Policía y el Ejército colombianos. Hasta recientemente, los oficiales norteamericanos evitaban compartir información acerca de actividades guerrilleras si esta no estaba relacionada con operaciones antinarcóticos . En junio de 1998 una directiva gubernamental permitía al personal norteamericano compartir inteligencia con personal colombiano solo en el caso que esta estuviera directamente relacionada con operaciones antinarcóticos aprobadas.

Las aseveraciones por parte de responsables norteamericanos acerca de los estrechos lazos existentes entre la guerrilla y el narcotráfico, los funcionarios estadounidenses han reducido las restricciones a la distribución de información entre las fuerzas colombianas. Esto se materializó en una nueva directiva, promulgada en marzo de 199 que permitía a personal norteamericano a proporcionar información acerca de actividades o presencia guerrillera a unidades militares o de la policía en las zonas cocaleras del sur del país aun si la información no estuviera directamente relacionada con operaciones antinarcóticos.

• Otros vínculos de cooperación institucional y militar

El Comando Sur del Ejército norteamericano está intentando cambiar la mentalidad, eminentemente defensiva, del Ejército colombiano hacia una mejor unión con la Policía Nacional. Para este fin aparte de consejos informales y consultas con el personal adscrito a la embajada de Estados Unidos en Bogotá, el ejército estadounidense organiza despliegues de fuerzas en Colombia a través de diversos programas.

• Equipos de Apoyo de Información Militar (EAIM) (Military Information Support Teams MIST): Los equipos de AIM son desplegados por parte del Comando de Operaciones Psicológicas y Asuntos civiles del Ejército norteamericano. Proporcionan información con el objetivo de influenciar en la opinión pública del país receptor de manera que sean beneficiados los intereses norteamericanos.
• Equipos Conjuntos de Planificación de Asistencia (ECPA)(Joint Planning Assistance Team JPAT): No cumplen misiones de entrenamiento. Su papel o función principal es asistir a fuerzas extranjeras en el desarrollo de planes operativos alrededor de actividades de recolección de inteligencia.
• Misiones de Planificación Operacional (MPO)(Operational Planning Missions OPM ): Igualmente se trata de misiones de entrenamiento que combinan tanto asesoría en temas de manejo de situaciones concretas como otras actividades de planificación y asistencia con el objetivo último de hacer más efectivas las tropas del país receptor.

Educación y Entrenamiento Militar Internacional (EEMI) (International Military Education and Training IMET)

• Previsto en la Ley de Asistencia Internacional de 1961, el programa EEMI tiene como principales objetivos el reforzar las rleciones entre Estados Uunidos y países extrangeros mediante la utilización de recursos y equipos obtenidos a través del departamento de Defensa estadounidense. Participan en el programa las fuerzas armadas de 33 países latinoamericanos y del caribe (a excepción de Cuba). Es de destacar que Colombia pasó de ser uno de los receptores medios entre 1996 y 1997 a convertirse en uno de los máximos recipientes tanto en términos de recursos como de efectivos entrenados en 1998 y 199 (superado solo por México) (ver gráfica 1.1)

Gráfica 1.1 Colombia y el programa EEMI

Recursos (miles de dólares norteamericanos) Número de participantes

Elaboración propia. Fuente: http://www.ciponline.org/facts/

El EEMI es considerado como el más tradicional de los programas de asistencia militar norteamericana, los fondos que lo nutren se distribuyen bajo el rubro de asistencia extranjera y a pesar de que son revisados por el Departamento de Estado son implementados por el Departamento de Defensa.. En ocasiones equipos formados por funcionarios y oficiales norteamericanos se trasladan a los países receptores donde dictan cursos en español.

• Existe igualmente el programa de Educación y Entrenamiento Militar Internacional Extendido (EEMIE) al cual pueden acceder no solo personal militar sino igualmente funcionarios civiles. El EMMIE recibió 163 estudiantes colombianos durante 1998. Entre los conocimientos impartidos destacan el manejo de recursos y la relaciones civico-militares.
• Programa de Asistencia y Entrenamiento Internacional de Investigación Criminal (PAEIIA, International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP). En el caso colombiano este programa tiene como objetivo unificar los métodos y criterios de los diferentes cuerpos policiales dedicados a la investigación.

Las siguientes unidades han pasado el proceso de selección del Departamento de Estado norteamericano para recibir ayuda y asistencia tomando en consideración sus antecedentes (como unidad, sin tomar en consideración el perfil individual de sus componentes )

Unidad Localización Departamento

• Comando Oriental Puerto Carreño Vichada
• 24ª Brigada Mocoa Putumayo
• 12ª Brigada Florencia Caquetá
• Escuela de las Fuerzas Rurales Especiales Barrancón Guaviare

• Brigada de Fuerzas Rurales Especiales Barrancón Guaviare
• Brigada Aérea Bogotá Bogotá D.E

Otras unidades, como la 3ª Brigada situada en Cali, la 7ª Brigada en Villavicencio fueron desestimadas a causa de su historial de violaciones de los derechos humanos y la ausencia de "medidas efectivas" para castigar los responsables.

Uno de los pilares fundamentales del Plan Colombia es su soporte financiero, vinculado a la formulación del mismo plan. Se calcula que el Plan costará alrededor de 7,500 millones de dólares norteamericanos Las diferente actividades y programas previstos en el Plan (antinarcóticos, fortalecimiento del Estado y el sistema de justicia, derechos humanos y desarrollo alternativo de conflictos) cuentan con diferentes fuentes de financiación: por un lado el gobierno de Estados Unidos se responsabilizaría de alrededor de 1.600 millones de dólares centrados en el programa antinarcóticos y fortalecimiento del Estado con asignaciones marginales para la protección de los derechos humanos y fortalecimiento del aparato judicial. La segunda fuente de financiación estaría representada por la " Mesa de aportantes" compuesta por diferentes Estados europeos junto con Canadá y Japón, los fondos aportados por estos países se destinarían presuntamente a financiar proyectos de desarrollo social. El gobierno colombiano espera recoger, en este escenario, la suma de entre 800 y 900 millones de dólares (a ser posible en préstamos no reembolsables). La tercera fuente de financiación sería la Banca Multilateral encabezada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se responsabilizarían por alrededor de 1000 millones de dólares. El gobierno colombiano sería, en última instancia, el principal financiador del Plan Colombia con la suma de 4000 millones de dólares, no contabilizados en el presupuesto nacional de la nación y que se espera provengan de préstamos y donaciones internacionales. Sin embargo son detectables ciertas contradicciones en cuanto a las diferentes cifras y rubros que constituyen el Plan Colombia entre los distintos responsables oficiales.

Se ha dicho que existen varias versiones del Plan y que estas dan más importancias a unos rubros (por ejemplo lucha antinárcoticos) en detrimentos de otros (desarrollo alternativo o inversión social) dependiendo del destinatario (ya sea Estados Unidos o la Unión Europea). Este hecho se demuestra con las manifestaciones públicas de diferentes representantes gubernamentales en el exterior. En la presentación del Plan Colombia ante el Parlamento Europeo en Octubre de 1999 el presidente Andrés Pastrana manifestó que los pilares de este eran : la paz, la recuperación económica y la mejora de la situación social (a través de una mayor participación colectiva) del país sin mencionar en ningún caso la lucha antinárcoticos. En cambio, las declaraciones tanto de funcionarios colombianos como norteamericanos dejan claro que desde el punto de vista estadounidense el punto clave del Plan Colombia es la lucha antinárcoticos. Es más el Plan Colombia fue redactado para acompañar la demanda de ayuda militar que el gobierno colombiano dirigió al gobierno de los Estados Unidos ya en 1998. Desde estamentos oficiales se intenta presentar el Plan Colombia como una estrategia integral para acabar con el narcotráfico que combina la rperesión (fumigaciones aéreas y mayor presencia de fuerza pública) con el apoyo asistencial al desarrollo (programa plante y asistencia a desplazados). Sin embargo se trata de dos estrategias contradictorias que forman parte de la misma dinámica: Un escalonamiento del actual, conflicto armado

Existen igualmente discordancias en la descripción pormenorizada del Plan Colombia, según Jaime Ruiz Llanos el Plan se divide en cinco grandes rubros: el primero y principal constituido por el proceso de paz y la salida negociada al conflicto armado, el segundo la lucha contra el narcotráfico, el tercero centrado en el fortalecimiento de las instituciones (justicia, policía y ejército principalmente), el cuarto está representado por el desarrollo alternativo de cultivos y el quinto está consagrado a reforzar las actuales preferencias arancelarias. El presidente Pastrana en declaraciones al noticiero "Agenda CM&" señaló que el Plan Colombia gira alrededor de tres ejes: en primer lugar la lucha contra el narcotráfico, a continuación el elemento social que se desarrollaría a través del la Red de Apoyo Social y, como último eje el presidente señaló el fortalecimiento institucional del Estado cuyo objetivo es "aumentar la presencia del Estado en el territorio nacional"

Por último, es de destacar que existen cierta confusión acerca del monto económico que serviría para materializar cada uno de los rubros. El señor Llano, responsable político del Plan Colombia, dice que de la ayuda norteamericana (1600 millones de dólares) se desprenden 300 millones que van destinados al desarrollo alternativo. Sin embargo si uno examina la composición de la ayuda aprobada por el gobierno norteamericano descubre que el rubro destinado a desarrollo económico alternativo ( materializado en el plante con referencias igualmente a la mejora de la gobernabilidad es de145 millones de dólares que a entregarse en 2 años, si uno le suma el siguiente rubro ( destinado a mejorar la capacidad del gobierno y que afecta tanto la protección de los derechos humanos como el proceso de paz) que alcanzan 93 millones de dólares a desembolsarse en el siguiente biennio no se alcanza los 300 millones que menciona el representantes del departamento de Planeación Nacional. La otra mención al aspecto social que hace el paquete de ayuda norteamericano es la asistencia a la población desplazada, sin embargo esta se engloba en el apartado de "penetración en las zonas cocaleras del sur del país" junto con el entrenamiento y equipamiento de los batallones antinárcoticos .

La constitución de la mesa de aportantes para el Plan Colombia es un intento de involucrar a la comunidad internacional (más allá de los Estados Unidos) en el Proceso de paz en general y en la financiación del Plan Colombia en particular. La búsqueda de apoyos en el continente europeo es uno de los factores explicativos de la gira que en meses pasados realizaron por varias capitales europeas una delegación de funcionarios del gobierno colombiano y representantes de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC). Funcionarios del gobierno han reconocido que la mesa de aportantes está directamente relacionada con la "diplomacia por la paz", englobada en la estrategia del actual gobierno de mejorar la percepción exterior de Colombia , y que se ha ido desarrollando durante los dos últimos años. Uno de los resultados más notables de esta estrategia ha sido el nombramiento por parte del Secretario General de Naciones Unidas de un enviado especial para supervisar el proceso de paz en Colombia, el noruego Jan Egeland quien acompañó a la delegación oficial durante su periplo europeo.

El principal argumento de las autoridades colombianas ante la perspectiva de la mesa de aportantes es la corresponsabilidad global en el tema del narcotráfico. Equiparar las cargas a asumir entre los países productores y los países receptores en la lucha contra el tráfico de drogas es el objetivo declarado de las autoridades colombianas. Esta intención se ve claramente reflejado en el documento final de la IX Ronda Ministerial Institucionalizada entre la Unión Europea y el Grupo de Río celebrado a finales de febrero en VilaMoura, Portuagal. La declaración de Vilamoura reconoce la necesidad de mantener un diálogo político de alto nivel y una coordinación activa en materia de lucha contra el problema mundial de drogas, delincuencia organizada y terrorismo. Igualmente se señala la importancia de los principios de responsabilidad común y compartida para enfrentar el problema de las drogas ilícitas y delitos conexos. Por último se resalta la necesidad de coordinar un enfoque integral y equilibrado a la hora de tratar el tema. Esta idea de la corresponsabilidad, expresada por el ministro Soto como una de las características de la globalización, se ve reforzada por las últimas manifestaciones públicas de responsables comunitarios como las realizadas por el señor Antonio Guterres, primer ministro de Portugal (quien ocupa la presidencia interina de la Unión Europea) cuando dice " todos comprendemos que hoy el problema del narcotráfico es un problema global"

A pesar que la convocatoria para la mesa de aportantes parece estar dirigida eminentemente a los miembros de la Unión Europea (más concretamente España, Francia, Italia, Inglaterra, Suecia y adicionalmente Noruega, y Alemania), no se excluye la participación de otros países como Canadá, Japón y Malasia. Incluso se contempla la posibilidad de que en ella participen empresas privadas o organizaciones internacionales (más concretamente el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional) La invitación formal a los estados europeos a vincularse al Plan Colombia fue realizada por el presidente Andrés Pastrana en su comparecencia ante el parlamento europeo en octubre del pasado año.

A finales de enero del presente año (durante la cumbre económica de Davos, Suiza) , el proyecto de la mesa obtuvo un primer apoyo fundamental en la figura del jefe del ejecutivo español, José María Aznar, quien se comprometió a convocar los posibles donantes (aportantes) y a ejercer de anfitrión de la mesa en la última semana del mes de junio del presente año. El segundo espaldarazo se lo proporcionó el Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos estadounidense Thomas Pickering quien pidió a España que la mesa de aportantes se convierta en una "conferencia de alto nivel", en una nota hecha pública por la embajada norteamericana en Madrid esta manifestaba que la propuesta del gobierno norteamericano apunta a que " los europeos entiendan que la cooperación tiene como objetivo estimular los esfuerzos del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico, las conversaciones de paz con la guerrilla y el fortalecimiento de los derechos humanos y del desarrollo económico y social"Las conversaciones preparatorias para la Mesa se celebraron en la segunda quincena del mes de febrero en Madrid y contaron con la presencia de funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo. Es de destacar que la delegación oficial (formada por el ministro de exteriores Sr. Fernández de Soto, el director del Departamento Nacional de Planeación Mauricio Cárdenas y la directora del Plan Colombia Olga Isabel Echeverry) llegó a la capital ibérica poco antes que lo hiciera la comitiva compuesta por miembros del gobierno y de las FARC.

Los responsables oficiales del Plan Colombia han establecido un cronograma para la puesta en funcionamiento de la Mesa de Aportantes que contempla antes del mes de junio, fecha fijada para el emplazamiento de la mesa, la visita a las principales capitales europeas para explicar en profundidad el Plan Colombia y los distintos proyectos que lo componen Sin duda se obedece a una sugerencia funcionarios diplomáticos del estado español que señalaban la importancia de explicar bien el Plan antes de la convocatoria de la mesa. La idea es que los estados lleguen a la Mesa con conocimientos suficientes de los proyectos propuestos, se calcula que se presentarán cerca de 44 proyectos sociales dirigidos a zonas afectadas por el narcotráfico o la violencia con un costo cercano a los 1000 millones de dólares norteamericanos.

Algunos de los proyectos, diseñados por Planeación Nacional, ya se han hecho públicos como son los programas de sustitución de cultivos y desarrollo social en el Magdalena Medio, Piedemonte llanero, Valle del Cauca, nororiente antioqueño y la Sierra Nevada de Santa Marta. Se busca sembrar cerca de 375,000 hectáreas de cultivos tropicales permanentes (como palma africana, caucho y madera). En cierto sentido busca repetirse el modelo de desarrollo agrícola experimentado en Malasia.

Existen ciertas contradicciones entre los recursos que se espera recoger en la mesa de Aportantes, estos varían entre los 800 millones de dólares según Ruíz Llano y los 1000 (978,9) expresados por Fernández de Soto. Según responsables oficiales, la mayor parte de los recursos necesarios para la financiación del Plan Colombia, aproximadamente 4000 millones de dólares (producto previsiblemente del préstamo externo través del Fondo Monetario Internacional),serán proporcionados por Colombia y serán igualmente financiados en parte por los bonos de paz (800 millones) siendo destinados a las Fuerzas Armadas, los programas de sustitución de cultivos y la modernización del sistema judicial, Estados Unidos proporcionaría 1600 millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial realizarían préstamos (reembolsables a 30 y 40 años) por valor de entre 900 y 1000 millones de dólares.

Se espera que de la Mesa de Aportantes salga el faltante para completar los 7500 millones que completan el costo total del Plan Colombia. Igualmente se especula con la posibilidad que los recursos que se obtengan a través de ese canal sean donaciones, esto es no reembolsables sin embargo este extremo se encuentra por confirmar. El conjunto de recursos sería gestionado por un Fondo de Inversión para la Paz donde estarían representados la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Hacienda, el Secretario General de Presidencia, el Alto Comisionado para la Paz y el alto consejero para Asuntos de Gobierno. Se prevé igualmente la presencia de la sociedad civil y la empresa privada.Los principales ejecutores serían el Fondo de Emergencia Social (que utilizaría los 900 millones donados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial), las Fuerzas Armadas y el sistema judicial y, por último, otras agencias y cuerpos administrativos. El BID realizaría igualmente las funciones de Secretaría ejecutiva en la Mesa de Aportantes, asesoraría sobre la factibilidad de los proyectos presentados y apoyaría en su diseño. Si bien el grueso de los proyectos presentados ante la Mesa de Aportantes versarán sobre desarrollo alternativo de conflictos e inversión social, el mismo gobierno reconoce que una parte (alrededor de 350 millones de dólares) será para la lucha antinárcoticos. Por último, es importante mencionar que parte de la ayuda a la que aspira Colombia se materializaría en la prolongación (para aquellas que ya existan) o adopción de preferencias arancelarias que servirían para "fortalecer la economía"; especialmente en tres ámbitos: en el ATPA (que regula las relaciones comerciales entre Estados Unidos), el Sistema General de Preferncias Arancelarias de la Unión Europea y en una eventual entrada al Tratado Norteamericano de Libre Comercio (descartada ya por Estados Unidos).

Cual debería ser el papel de los países convocados a la mesa de aportantes? Hay dos hechos importantes a considerar antes de tratar el tema en cuestión. En primer lugar, la ayuda solicitada no lo es de forma aislada, no se trata de un llamado al a comunidad internacional para vincularla al proceso de paz y al desarrollo social del país. La mesa de aportantes forma parte del mismo proceso que se discute actualmente en el Senado norteamericano y que tiene el Plan Colombia como eje conductor. No es concebible que mientras Estados Unidos done asistencia de tipo militar (en forma de entrenamiento, equipos y armas) que previsiblemente tendrá un fuerte impacto sobre la evolución del conflicto (agravamiento de la situación de la población civil), se espere que otros países apoyen proyectos de desarrollo social de manera que no sea solo Estados Unidos quien aparezca como único garante del Plan Colombia.

Sin embargo el Plan Colombia fue diseñado precisa y específicamente para solicitar Estados Unidos, algunos de los postulados (reforma del ejército y transformación de las instituciones) son detectables en informes elaborados por instituciones académicas muy cercanas al ejército norteamericano y "think tanks" vinculados al partido republicano . En un primer momento el Plan Colombia no incluía en su contenido ninguna mención al desarrollo social y asistencia humanitaria que actualmente parece constituir su eje principal según funcionarios del gobierno.

Sin embargo y ante la mesa de aportantes, el gobierno colombiano acude al mismo Plan Colombia (con el orden de los capítulos cambiados y con una transformación considerable del estilo de redacción) para señalarlo como el medio donde se desarrollarán todos los proyectos de desarrollo social que serán financiados por la Mesa de aportantes. Sin embargo estos proyectos no se han dado a conocer a la opinión pública mientras que el despliegue de la ayuda militar norteamericana (así como su composición y objetivos) si es bien conocido.

El gobierno colombiano aduce que el narcotráfico es un problema global cuya solución vincula a todos los países. Sin embargo parece que Estados Unidos, como mayor consumidor de cocaína del mundo (y principal proveedor de los insumos químicos necesarios para su procesamiento en Colombia) es el máximo interesado. Las presiones de Estados Unidos para elevar el perfil de la mesa de aportantes obedecen precisamente a este objetivo el hacer aparecer un interés particular (nacional) como sujeto de preocupación colectivo (universal). El otro tema que según el gobierno colombiano es motor del Plan Colombia es el proceso de paz. Sin embargo las invitaciones a otros países a acompañar el proceso se tornan en recriminaciones a aquellos estados (como Venezuela por ejemplo) que se interesan en él sin consultar los canales oficiales.

El proceso de paz no es una política de estado sino de gobierno. En la mesa de negociaciones (diferente a las distintas mesas temáticas) no se encuentra ningún representante que no sea del actual gobierno. La oposición (Partido Liberal) no tiene acceso al proceso al igual que distintos actores sociales (como sindicatos y representantes de la sociedad civil) que gozan de considerables niveles de representatividad. Tras más de seis meses de conversaciones de paz, estas no han arrojado ningún resultado palpable. Continua la degradación acelerada de la confrontación armada, sigue el avance de los grupos paramilitares y los ataques indiscriminados contra la población civil por parte de los distintos actores armados. No se ha acordado ningún tipo de tregua y el cese al fuego que se acordó en fechas navideñas parece ser una experiencia aislada.

Las promesas de paz fueron uno de los máximos activos electorales en la campaña del actual presidente, todo parece indicar que también lo podrían ser en la próxima. Algunas sugerencias, por parte de sectores oficiales, de alargar el mandato de los alcaldes y dotar de más atribuciones a la figura presidencial para la búsqueda de la paz dejan traslucir la utilización partidista del tema de la paz. En contraposición al diálogo y búsqueda de consenso que el gobierno dice caracteriza el proceso de paz, el gobierno ofrece una respuesta muy diferente a los diferentes movimientos sociales y reivindicaciones populares que se dan como respuesta al deterioro de la situación social y al actual contexto de recesión económica. En estos casos el gobierno no invita a dialogar a las partes, cuando lo hace sus demandas no son escuchadas y en general predomina una clima de criminalización de la protesta colectiva pacífica contradictorio con un régimen democrático.

Otro de los ejes fundamentales del Plan Colombia según funcionarios oficiales es la protección de los derechos humanos. El gobierno, materializado en la figura del vicepresidente Bell, dice que la protección y garantía de los derechos humanos de los ciudadanos es una de las prioridades del actual gobierno. Sin embargo, acontecimientos recientes ponen en duda la voluntad política de dichas afirmaciones. El ejemplo más notorio es la objeción presidencial (en el momento de la sanción , ultimo paso previo a la aprobación definitiva de la nueva norma) al proyecto de ley de desaparición forzada y genocidio.. Los motivos aducidos, esto es el entorpecimiento del ejercicio constitucional de la fuerza pública, no tienen ninguna validez jurídica y no concuerdan con la realidad ya que mencionan aspectos que la entrada en vigor de la ley no modifica.

El gobierno colombiano, encabezado por Andrés Pastrana, dijo en su momento que la reforma de la justicia penal militar era igualmente uno de los objetivos de su legislatura. Sin embargo en los últimos meses casos de militares involucrados (por colaboración activa u omisión) con el accionar de grupos paramilitares no han sido juzgados por la justicia civil ordinaria sino que han pasado directamente a cortes militares. Estos dos ejemplos contradicen de manera clara lo que el ejecutivo considera ejes de su gobierno sobre los que reposan el hipotético compromiso con los derechos humanos que materializaría el Plan Colombia.

Los países europeos no deben colaborar con la mesa de aportantes eminentemente por dos hechos. El primero, de orden interno, es que en Colombia no existe el consenso mínimo sobre el tema como para que esta pueda ser considerado como asunto de estado y el mismo Plan es motivo de controversia partidista. El Plan Colombia es percibido por amplios sectores de la opinión pública como la formalización de la injerencia norteamericana en el conflicto colombiano y contradictorio con el actual proceso de paz y de salida negociada al conflicto. Tras el viaje conjunto que representantes oficiales y de las FARC realizaron en Europa, percibido como una manera de dar a conocer el proceso de paz a nivel internacional y preparar el camino para la misma mesa de aportantes. Raúl Reyes, uno de los portavoces de las FARC, manifestó que Europa no debía contribuir a financiar ningún rubro o componente del Plan Colombia , afirmando que " El Plan Colombia es del Gobierno y no ha sido producto de la concertación con diferentes sectores del país ni con la guerrilla." esto demuestra claramente como el Plan Colombia es un elemento unilateralmente impuesto por el gobierno de forma exógena a las actuales discusiones de paz.

El otro factor es de orden externo e incumbe concretamente a los países europeos convocados a la mesa de aportantes. Uno podría decir que la mesa de aportantes resulta un intento novedoso de buscar apoyos internacionales para un objetivo doméstico. Sin embargo con que garantías cuentan los países potencialmente donantes para comprobar que los recursos donados tienen algún resultado o incidencia? El gobierno no ofrece detalles al respecto. El continente europeo tiene un espacio de interlocución y concertación política privilegiado como es la Unión Europea. Porque, podría preguntarse alguien, no acudió el gobierno colombiano a este espacio para convocar la mesa de aportantes y prefirió que fuera un solo país (significativamente el estado español) para que de forma unilateral funcionara como motor del resto de países y anfitrión de la mesa? En primer lugar por la fría respuesta que obtuvo el presidente Andrés Pastrana durante su presentación del Plan Colombia ante el Parlamento Europeo durante el mes de octubre del año pasado. En segundo lugar la Unión Europea tiene una serie de condiciones para los receptores de ayuda que incluyen no solo formas democráticas de gobierno sino más concretamente el respeto y garantía de los derechos humanos y libertades individuales de los ciudadanos. En Colombia, la misma Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo ha reconocido, no se respetan los derechos humanos y aunque en los últimos años ha descendido la cifra de violaciones atribuidas a la fuerza pública han aumentado notoriamente las correspondientes a grupos paramilitares cuyos nexos con militares en activo y en la reserva han sido puestos de manifiesto recientemente. En tercer lugar la elección de España no es casual, no es atribuible solamente a la amistad personal entre los respectivos presidentes sino igualmente al deseo del estado Español (tras finalizar su periodo temporal en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas) de aumentar su perfil a nivel internacional. Labores de mediación, asistencia humanitaria y, en general , de anfitriones de mesas similares a la constituirá la mesa de aportantes (el ejemplo más reciente es la de donantes para Kosovo donde la República Federal Alemana se destacó) ayudan mucho en esa dirección. Finalmente vincularse, aunque sea solo de forma individual y no institucionalmente, en un proyecto que constiuye uno de los ejes fundamentales de la política exterior norteamericana constituye una seria amenaza a los intentos de autonomía y emancipación de la tutela estadounidense que la Unión Europea ha emprendido durante los últimos años y que ha recibido un nuevo impulso con la creación del puesto de encargado de Politica Exterior y de Seguridad Común , señor Javier Solana, y el Comisonado para Asuntos Internacionales, señor Chris Pattern y que constituye uno de los objetivos declarados de la nueva Comisión Europea encabezada por Romano Prodi.

• Estrategia Militar

"The United States and Latin America: Shaping an elusive future" Schulz, Donald.E .Strategic Studies Institute. U.S. Army War College Carlisle, Estados Unidos Marzo 2000.

"DOD supports Counterdurg Operations" http:// www.defenselink.mil/news/may 1998_909002.htm

• Pronunciamientos Oficiales

• Funcionarios norteamericanos (biografías, pronunciamientos y comparecencias)

• Análisis

Center for Internacional Policy http://www.ciponline.org/facts/co

• Prensa

"Shades of Vietnam" White Robert. Washington Post. 8-2-2000 (martes) p.A-23

"Yes on aid to Colombia" Washington Post (editorial) 8-2-2000 (jueves) p.A-22

" Colombia´s War on drugs goes airborne" Johnson Tim Miami Herald 11-2-2000 (viernes)

" Dangerous Plans for Colombia" New York Times (editorial) 13-2-2000 (domingo)

"Urgent Aid" Washington Post (editorial) 26-3-200 (domingo) p.B-06

"The Other Drug War" Isikoff, Michael y Vistica Gregory Newsweek, 3-4-2000

" Starting With Colombia" Paul Coverdell Washington Post. 10.4.2000 (lunes) p.A21

"Pentagon Trained Troops led by Officer Accused in Colombian Massacre" Center for Public Integrity. http://www.public-i.org/story

"The unquiet death of Jennifer Odom" http://www.salon.com/news/feature/2000/07/05/odom/index.html

" Guerrillas swap fatigues for suits in search of peace" Financial Times, 11-2-200 (viernes)

Revista de prensa (El Colombiano. El Espectador. El Tiempo)

I Ayuda norteamericana. Formulación, composición (noviembre 25-enero 30)

II16-29 febrero 2000- Ayuda Norteamericana (febrero)

III Marzo

IV Marzo 16 a 31

V Cultivos ilícitos

VI Unidades Militares Norteamericanas-Colombianas

"La lucha antinarcóticos no es negociable" Madeleine Albright en Semana. 18.1.99

"Hora de renuncias?" Semana Marzo 9 1998

c "Novedad en el frente" Semana 10.2.97

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