La Escuela Colombia es un modelo educativo que tiene como objetivo: Estudiar críticamente el fenómeno de globalización expresado en el Plan Colombia como medida integral para Colombia y la Región.
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La Biblioteca de la Escuela Colombia es una compilación de documentos que han sido de difusión pública (algunos de los cuales se encuentran en otros servidores) resultado de las diferentes manifestaciones de los diversos sectores y regiones del país, como también de la Comunidad Internacional. La inclusión de los textos en la biblioteca no compromete a la Escuela Colombia con el contenido de los mismos, ni con las organizaciones autoras. |
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CONSIDERACIONES ACERCA DE LA CRISIS DEL SECTOR RURAL EN COLOMBIA :POLÍTICA AGRARIA, LEGISLACIÓN, GLOBALIZACIÓNY ECONOMÍA CAMPESINA EN COLOMBIALUIS ALBERTO MATTA Antes de abordar el tema de la globalización y su impacto en la agricultura colombiana, haré un breve esbozo histórico respecto a la situación del sector rural en nuestro país. La crisis del sector rural en Colombia está íntimamente ligada al atraso político y a la violenta corrupción de la clase dominante. El Estado colombiano y en general el establecimiento dominante, no ha reconocido la importancia estratégica que tiene la agricultura para el desarrollo económico de una nación. En Colombia ha prevalecido por décadas un modelo anticampesino y antiagrario de corte y naturaleza antipatriótica. Las políticas estatales para el sector rural, a juicio del campesinado, en vez de mejorar la situación, han contribuido determinantemente a arruinar la vida campesina. Para colmo de males, la política de apertura impuesta a partir de la globalización de la economía, ha agravado la situación que atraviesa el sector agrario y en general ha acelerado la crisis del mundo rural colombiano. Es así como la situación de producción y productividad agraria ha sufrido un severo retraso en los últimos 20 años, no-solo con relación a la demanda de alimentos y materias primas para la industria, sino además con respecto a las potencialidades de la tierra y recursos humanos con que contamos. No es aventurado afirmar que en materia de desarrollo rural Colombia perdió el siglo XX. En este país aún existen relaciones de poder y estructuras de carácter feudal, que por principio se oponen sistemáticamente, a que se resuelva la cuestión agraria. Esta situación de estancamiento tiene serias implicaciones en la realidad económica, social y política de Colombia. Sin duda, el conflicto social y armado que vivimos, tiene profundas raíces en el tratamiento injusto por parte del Estado y sus elites dominantes, a la situación general de la Colombia rural en los últimos cien años. Por algo el latifundio ha sido soporte estructural del sistema antidemocrático que controla los destinos de Colombia. La feudal estructura de propiedad rural que prevalece en nuestro país es inaudita: el 1.5% de los propietarios posee el 80% de la tierra potencialmente productiva. Colombia tiene 114.1 millones de hectáreas de tierra debidamente planimetradas, de las cuales 51.3 millones de hectáreas están abiertas como superficie agropecuaria y constituyen lo que se conoce como frontera agrícola. De estas, unas 18 millones de hectáreas podrían utilizarse en agricultura, no obstante, de esta área abierta, solo 10 millones de hectáreas en estricto sentido de buen aprovechamiento, son adecuadas para la agricultura, de las que apenas están siendo cultivadas un poco menos de 4 millones de hectáreas.
PRINCIPALES CULTIVOS EN COLOMBIA CIFRAS DE 1999 – SUPERFICIE COSECHADA
Fuente: Ministerio de Agricultura En contraste, para el sector pecuario, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en informe citado por la Misión Rural, se destinan 45 millones de hectáreas de tierra para ganadería extensiva, de las que solo 5 millones están apropiadamente explotadas. Es decir, que aproximadamente el 90% de esta tierra es improductiva. Simplemente engrosa la propiedad latifundista de narcotraficantes y políticos regionales, en detrimento de sus anteriores y legítimos dueños, los ya varios millones de humildes campesinos que han sido desplazados. En los últimos 12 años, un poco más de dos millones de campesinos han sido desterrados. Lo más grave es que este drama no es nuevo en Colombia, pues a mediados de siglo pasado, los campos productivos intentaron ser virtualmente desocupados a partir de la violencia instigada por los partidos tradicionales Liberal y Conservador. Al menos 200.000 personas fueron asesinadas y más de 2 millones de labriegos fueron obligados a huir hacia nuevas zonas de colonización, durante el período conocido en nuestra historia como "la violencia". Desde entonces la colonización ha sido un proceso que nunca se ha detenido, con lo cual aumenta aceleradamente la llamada frontera agrícola. Los campesinos siguen el curso de los ríos por el piedemonte y las vertientes tumbando selva y adecuando tierras, explotando maderas y abriendo brechas en las extensas montañas para huir de la violencia y afincar sus esperanzas. Los gamonales por su parte siguen la huella de los campesinos, en pos de los pequeños minifundios. Estos terratenientes ensanchan sus linderos a costa de las pequeñas parcelas productivas, cuyas tierras encuentran adecuadas para el cultivo, pero sumidas en una explotación muy precaria. El campesino se ve sometido a comprar a precios elevados los insumos y semillas, a pagar elevados costos de transporte y comercialización, mientras las ganancias por su trabajo son cada vez más bajas. TRADICIÓN SANTANDERISTA Y ANTIDEMOCRÁTICA PARA LEGISLAR SOBRE REFORMA AGRARIA EN COLOMBIA La intervención del Estado colombiano en aras de resolver los problemas sociales de la población rural y las alarmantes iniquidades de la cuestión agraria ha sido muy precaria, además, ha sido política y económicamente equivocada. Los sucesivos gobiernos y en general las elites del país no hicieron lo posible por transformar en forma democrática y civilizada las estructuras agrarias, de una nación que a comienzos del siglo XX era predominantemente rural. Las políticas desarrolladas contrario a mejorar la situación, han contribuido a la descampesinización descontrolada de las áreas rurales, y a la ganaderización extensiva que conlleva lastres de empobrecimiento e improductividad en el campo.
Desde que conocemos la historia republicana de Colombia, nuestro campesinado ha vivido sometido a relaciones precapitalistas y señoriales, heredadas del primer modelo hacendatario que predominó en la época colonial. La pobreza y la falta de tierras para trabajar generaba un gran descontento popular. Desde comienzos del sigloXX, el campo colombiano se ve sacudido por importantes movilizaciones campesinas en rechazo de los grandes latifundios inexplotados, y contra las formas de relación y dependencia feudal que les son aplicadas a los labriegos. El campesinado exige la adjudicación de los terrenos donde desarrollan su trabajo y la extinción de dominio sobre los predios inexplotados; piden la implementación de un programa democrático de reforma agraria y en forma simultánea impulsan una serie de ocupaciones e invasiones a fincas inactivas. El gobierno del presidente liberal Alfonso López Pumarejo se ve presionado a buscar una solución inmediata que apague los ánimos de protesta social en los campos colombianos. Para tal efecto desde el Congreso de la República se decreta el 30 de diciembre de 1.936 la Ley 200, cuya finalidad es establecer un "régimen adecuado de tenencia y explotación de tierras en el país". Hoy se afirma reiteradamente, inclusive por parte del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Colombia para la Acción Rural, que la ley 200 de 1.936 fue el intento más avanzado que se haya puesto en marcha con el propósito de corregir la feudal y arbitraria estructura rural del país, y que fue un instrumento orientado a acortar las enormes inequidades existentes en el campo, sentando de paso las bases y el concepto de reforma agraria en un sentido progresista.
Los terratenientes inconformes con la ley 200, combinaron acciones legales e ilegales para detener los tibios avances que en materia de modernización del campo había facilitado esta norma. El Congreso conformado mayoritariamente por latifundistas conservadores, acudió de nuevo a la aparcería como alternativa de desarrollo rural en su beneficio, para lo que impulsó la ley 100 de 1.944. Mientras se imponía desde el punto de vista legal un grave retroceso, eran simultáneamente asesinados decenas de dirigentes campesinos e indígenas, y se recuperaban a sangre y fuego muchos de los predios que habían sido asignados a los humildes labriegos.
Esta Ley ha sido considerada por diversos analistas y por el movimiento campesino, como un paso dentro de la estrategia llamada "Alianza para el Progreso", plan gringo que en Colombia se propuso contener el avance guerrillero y la influencia del Partido Comunista en las zonas campesinas. Por esta época se recibía el estímulo que reportaban los triunfos de los revolucionarios cubanos. A juicio de las organizaciones campesinas, los EE.UU. han presionado reformas que tranquilicen a las masas rurales, considerando que de esa manera conjuran la amenaza subversiva que se cierne sobre el establecimiento lacayo que les garantiza su tranquilo proceso de acumulación capitalista. "El primero de enero de 1.959 triunfa la revolución cubana. Fidel Castro, Ernesto Ché Guevara, Camilo Cienfuegos y un numeroso grupo de guerrilleros hacen su entrada triunfal en la Habana, derrocando la dictadura de Fulgencio Batista. Cuba se declara como el primer Estado socialista de América, desatando la ira del imperialismo norteamericano y la preocupación de las oligarquías latinoamericanas, que ven en la revolución un mal ejemplo a raíz de la explosión de simpatías que genera este hecho social y político en el continente, especialmente en los sectores campesinos que luchan por la tierra". Atendiendo a directrices continentales, en Colombia a partir de 1.961 se estimulan las expropiaciones a latifundistas cuya tierra estuviera inactiva, aunque se aprueba una indemnización por la pérdida de la tierra, lo que en últimas genera un velado mercado de tierras; ese mismo año se crea el INCORA como entidad encargada de implementar estas políticas. En 1.967 se orienta el registro de la población rural, con el propósito inicial de organizar la interlocución Estado - campesinos, pero, además, con la intención de controlarlos mediante una organización estimulada desde el gobierno, lo que a la postre determina el surgimiento de la ANUC. "Inmediatamente después de la expedición del Decreto 755, un comité especial se hizo cargo de la tarea en el Ministerio de Agricultura. El equipo incluía abogados, sociólogos y expertos en comunicación, cuyo primer paso fue la elaboración de los formularios de registro y el diseño de los carnés que identificarían a los futuros usuarios". "Este proceso tenía lugar en medio de una cruzada publicitaria de vastas proporciones, que utilizaba las cadenas radiales, periódicos, carteles y folletos para diseminar información sobre la iniciativa del gobierno y extender la invitación a todos los campesinos. Paralelamente, el Ministerio comenzó a preparar el personal estratégico que cumpliría papeles < multiplicadores> en la base". Finalmente los campesinos organizados a través de la ANUC, dada la gravedad de los problemas rurales, desbordan las expectativas del gobierno y multiplican sus luchas reivindicativas, por lo que intensifican la toma de tierras y ganan espacios de independencia y autonomía como organización. Gracias a la presión popular del campesinado, en 1.968 el gobierno de Lleras Restrepo cede ante las protestas e impulsa pasos más significativos en relación con la reforma agraria, más allá del simple mercado de tierras que había estimulado la ley 135 dadas las indemnizaciones a terratenientes expropiados; ese es el origen de la ley 1° de 1.968, la que se orienta fundamentalmente a variar el delicado tema de las indemnizaciones, implementando, además, avalúos catastrales ajustados a ley, y no al capricho mercantil y especulador de los terratenientes. Las políticas implementadas en este periodo, más que resolver la cuestión agraria y mejorar el nivel de vida del campesinado, tenían como propósito ajustar la economía del sector primario, garantizar la producción alimentaria de los crecientes centros urbanos y dar los primeros pasos en dirección al desarrollo capitalista del campo, proceso estancado y marginal por la actitud de los gamonales y su atraso latifundista.
El presidente conservador Misael Pastrana Borrero, último representante del fatídico Frente Nacional, implementa una verdadera y definitiva reversión de las políticas agrarias, sentando los precedentes más antidemocráticos que en esa materia conozca la historia de Colombia. Lo primero que aplicó este gobierno fue una dramática política de choque y contención dirigida hacia la ANUC, por considerarla una fuerza subversiva; así mismo, el Ministro de Agricultura, Sr. Jaramillo Ocampo desató una fuerte persecución contra el INCORA. "Durante la oleada de tomas de tierra en octubre y noviembre, (1.971)*, el clamor por la contrarreforma agraria alcanzó proporciones de histerismo. Los editoriales de la prensa conservadora alertaban sobre el peligro del comunismo agrario agitando pruebas tales como el uso de herramientas de labranza de origen Checoslovaco en las invasiones y la proyección de películas soviéticas por parte del INCORA para incitar a los campesinos". En diciembre del mismo año el Senador Hugo Escobar Sierra denunció lista en mano, las invasiones de tierra presentadas, explicando la conexión subversiva en esta situación y explicando, según él, las oscuras manos del terrorismo internacional y del comunismo, en estas maniobras del campesinado. Luego de estos anuncios, la bancada ministerial de Pastrana convocó a una reunión con las fuerzas políticas democráticas (que en últimas eran sus compinches liberales), a los gremios ganaderos, arroceros y bananeros y al latifundio en general, a librar la guerra contra la subversión comunista. Esta reunión se llevó a cabo en enero de 1.972 en la población de Chicoral en el Tolima. "Los términos del Pacto de Chicoral fueron suficientemente claros en su intención de emprender formalmente la contrarreforma agraria. A cambio del pago de impuestos al Estado, fijado de acuerdo a una renta presuntiva cuya referencia principal sería el avalúo catastral de los predios, los terratenientes recibían amplias garantías de que se pondría freno a la redistribución de la tierra y se apoyaría la explotación agrícola en gran escala. Se endurecían los criterios para calificar los predios como susceptibles de afectación a los efectos de la reforma agraria y para aquellos casos en los que hubiera afectación, se modificaban los términos de la ley 135 de 1.961 de tal manera que la indemnización debía pagarse teniendo en cuenta el valor comercial, con un alto porcentaje al contado, se reducía a 5 años el plazo para abonar los saldos que, además, devengaban intereses. De esta manera se trataba doblemente al INCORA, pues no solamente se reducía el marco posible de su acción sino que bastaba con los recortes en el presupuesto para que el INCORA se paralizara casi completamente, como sucedió efectivamente en los años subsiguientes". Con este pacto quedó expreso que no existe corriente semi progresista en el Partido Liberal, y que cuando se trata de intereses de clase que afectan a la oligarquía, las fronteras entre liberales y conservadores no existen. A firmar este típico serrucho santanderista, acudieron varios sectores que antes habían acompañado las tibias reformas semiprogresistas de Lleras Restrepo. La criminalización de la lucha campesina se elevó a niveles muy fuertes, mientras se agrandaban las federaciones que agrupaban a ganaderos y terratenientes.
Pastrana termina su gobierno en materia agraria reafirmando en 1.973 que los predios señalados como latifundios le convienen al país, en tanto que detienen la amenaza comunista y aumentan la productividad técnica e industrializada. La ley 6° de 1.975 retrógrada, favorece la compra de tierras por parte del latifundio y no reglamenta con justicia las relaciones laborales. Según versiones de lideres populares ligados al agro, "con esta Ley aumentan considerablemente las líneas de crédito para los empresarios agroindustriales, y simultáneamente se reducen los prestamos a pequeños campesinos". Es interesante destacar que mientras esto sucedía, el movimiento indígena cobra vuelo, luego de un prolongado periodo de luchas dispersas. Sus acciones se caracterizan por haberse desarrollado en unidad con la ANUC. A partir de 1971 el movimiento indígena una vez se funda el CRIC, acto que recupera la memoria y presencia de lideres como Manuel Quintín Lame, La Gaitana, Eutiquio Timoté, José Gonzalo Sánchez, Juan de la Cruz Perafán y otros más, reiniciando una etapa de acciones unitarias desde los intereses indígenas frente al problema de la tierra, luchas que aún no terminan, porque su situación de abandono por parte del Estado se mantiene. Los pueblos indígenas son víctimas del despojo de tierras y de la violación de derechos humanos por parte del Estado y los gamonales terratenientes. A su vez, el establecimiento trata de utilizar las costumbres y tradiciones de las comunidades en relación con el territorio y la cultura, para alentar divisiones y conflictos con el campesinado, y distanciamiento político con la insurgencia. En la actualidad el establecimiento oligárquico y corrupto, al que se han incorporado algunos dirigentes indígenas, insiste en atizar conflictos y tendencias al interior de las comunidades, que han llegado a generar problemas sociales y de violencia con importantes sectores del campesinado y de las comunidades negras. Esta singular estrategia esconde la grave pretención de involucrar a algunos de los pueblos indígenas en la lucha contrainsurgente.
Definidos por analistas, como programas humanitarista cuyo propósito es mitigar las enormes dificultades del sector rural, pero no cambiar las injustas estructuras de propiedad de la tierra, ni restablecer garantías sociales para el campesinado. Estos programas fueron presentados ante la opinión pública por el gobierno de Turbay Ayala (1.974 - 1.978), por los empresarios del campo y por los terratenientes, como grandes avances para el desarrollo rural, mientras se recrudecía la violencia oficial a niveles nunca vistos. Se esconde por supuesto el verdadero propósito que apunta a dividir el movimiento campesino, especialmente a la ANUC, debilitar al INCORA y comprar la conciencia de algunos "líderes" campesinos. En este periodo se implementa el llamado estatuto de seguridad, cuyo propósito es aniquilar la subversión armada y debilitar al movimiento popular. No obstante la persecución, los asesinatos, amenazas, torturas y desapariciones, violencia gubernamental que centra algunos objetivos en áreas rurales, aumenta el descontento y la lucha popular, que a la postre dispara el crecimiento de la lucha insurgente y amplía la base social campesina que compone a grupos guerrilleros como las FARC.
El campesinado reanima sus luchas por la tierra y retorna a las grandes movilizaciones de protesta; persisten las tomas de tierra, especialmente en el centro y sur del país, presionando cambios en las políticas de reforma agraria. Por parte de los indígenas, en 1980 cuando se crea la Coordinadora Indígena Nacional, bajo el lema "Tierra, Cultura y Organización" se dan pasos hacia la fundación de la ONIC en 1.982. En la base de los caildos y resguardos, son numerosas las comunidades indígenas que recuerdan hoy con afecto, la memoria de Dagoberto Flores, Jacinto Ortíz, Oswaldo Terán, que entre otros, ofrendaron la vida en su trabajo por la unidad de las luchas indígenas con el movimiento social y popular, y en especial enfrentaron con dignidad y rebeldía los azotes de la violencia oficial en los campos colombianos. A la creciente protesta social el gobierno responde con la ley 35 de 1.982, mediante la cual se maquilla una supuesta recuperación del INCORA devolviendole algunas de sus responsabilidades iniciales; así mismo, se crea el PNR, orientando sus acciones sociales en áreas rurales de influencia guerrillera particularmente. El fortalecimiento del INCORA está orientado a la compra de tierras, pero rebajando al mínimo la expropiación de predios inactivos, estimulando finalmente el mercado de tierras. Esta política favorece al latifundio especulador que se ve beneficiado económicamente. Según la Misión Rural, mediante la ley 35 de 1982 se compraron predios equivalentes a 54.704 hectáreas de tierra. En 1988 durante el gobierno de Virgilio Barco se inicia la llamada etapa de globalización económica; el Ministro de Gobierno o de Interior César Gaviria Trujillo, hace un llamado al campesinado para que sea "competente y efectivo", abriendo seguidamente la puerta a la importación masiva de alimentos. Se inicia la más elevada comercialización de tierras de que conozca la historia colombiana, cambiando el concepto de reforma agraria por el de competitividad e internacionalización. Se agranda el ingreso de enormes volúmenes de productos agrícolas extranjeros, mientras se agiliza la venta de tierras para quien pudiera tener capacidad de endeudamiento, cuestión que aprovechó muy bien el narcotráfico para iniciar el lavado de capitales. El narcotráfico como clase emergente necesita reconocimiento y status social, los mismos que fortalece mediante la más exagerada expansión latifundista de la historia colombiana. A su vez, la violencia paramilitar baña en sangre a los campos colombianos y el fenómeno del desplazamiento forzado alcanza ribetes de drama nacional. Por su parte el gobierno reprime militarmente las grandes movilizaciones campesinas e indígenas, justificando su actitud represiva con la persecución al movimiento guerrillero. "Por otra parte, la compra de tierras por los narcotraficantes encajó en el interés estratégico de las Fuerzas Armadas y los políticos tradicionales de contar con aliados bien financiados y dispuestos a defender militarmente territorios en poder de las guerrillas. Este fue uno de los orígenes de los grupos paramilitares, cuya existencia el Estado admitió legalmente en 1.989, durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1.986 - 1.990), cuando la matanza de once funcionarios del poder judicial cometida por paramilitares en la Rochela, corregimiento del municipio de Cimitarra, Santander, en enero de 1.989, obligó al gobierno a prohibirlos oficialmente, aunque no a desarticularlos de hecho. Como ocurre con grupos ilegales que adquieren un gran poder económico, la organización de narcotraficantes liderada por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha quiso traducir su riqueza en dominio político, no sólo para neutralizar las amenazas de la represión estatal sino para ingresar a la coalición gobernante del país, a la cual habían servido como líderes de fuerzas contrainsurgentes. La campaña electoral de 1.989 y 1.990, conocida como el periodo narcoterrorista, presenció el asesinato del candidato liberal con mayor opción, Luis Carlos Galán Sarmiento, fuerte opositor del narcotráfico, y de tres candidatos de la izquierda, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez. Estos asesinatos, no aclarados aún por la justicia, expresaron el oscuro surgimiento de coaliciones entre los narcos y sectores políticos, interesados en contar con sus aportes para bloquear los esfuerzos gubernamentales en contra del negocio de las drogas". Durante el siguiente periodo de gobierno (César Gaviria Trujillo 1990-1994), se intensifica la compra de tierras por parte del narcotráfico, expulsando comunidades campesinas e indígenas en más de 15 departamentos y regiones, intensificando las masacres y amenazas, con la complacencia y omisión de los sectores oficiales, especialmente de las Fuerzas Armadas del Estado, que aseguran una alianza estratégica para restarle base social a la insurgencia entre el campesinado.
De entrada hay que destacar que a la ley 160 del 5 de agosto de 1.994, le anteceden importantes movilizaciones campesinas, negras e indígenas. El gobierno de nuevo trata de solucionar el problema agrario mediante una ley que estimula la colonización de nuevas tierras y privilegia la titulación de baldíos, procurando con ello no afectar las tierras fértiles y adecuadas para la agricultura en manos del latifundio improductivo, en este momento fundamentalmente ganadero y narcotraficante. Promueve mediante el mercado de tierras una reforma agraria marginal, pero no obstante se compromete a crear en las nuevas tierras las Z.R.C. (Zonas de Reserva Campesina), dotar de tierra a los indígenas mediante la creación de más resguardos y formalizar con las comunidades negras titulos de propiedad colectiva a partir de la reglamentación de la ley 70 de comunidades negras de 1.973. En la actualidad bajo la vigencia de la ley 160 de 1.994 (Ley que el movimiento campesino ha rechazado insistentemente, procurando una reforma democrática que aún no se alcanza), el gobierno plantea siete programas:
predios en negociación voluntaria. violencia y otros programas especiales
Si analizamos los puntos que se desarrollan, vemos que se pretende una reforma agraria marginal, en tanto que no se plantea la expropiación de las grandes extensiones que el narcotráfico ha adquirido al interior de la frontera agrícola, es decir, en las tierras ya habilitadas para la agricultura, estimulando, por tanto, la colonización y la expansión ilimitada de la frontera agrícola en detrimento de las selvas, bosques y humedales. Las metas impuestas por la ley 160 de 1.994 no se han cumplido. Entre el año 94 y el 99, los campesinos colombianos han recibido 170.000 hectáreas, del millón quinientas mil (1.500.000) previstas para el mismo periodo de tiempo, a partir de la meta gubernamental que fijó 250.000 hectáreas por año. El narcotráfico mientras tanto ha evolucionado sistemáticamente en la adquisición de predios, casi siempre mediante la vía violenta: "Un fenómeno nuevo tiene que ver con la alta participación del narcotráfico en la propiedad de las tierras o "contrarreforma agraria", fenómeno que ha generado un proceso regresivo en la distribución de la propiedad rural. En efecto, el narcotráfico posee actualmente mucha más tierra que la que el INCORA ha adquirido en los últimos 25 años".
Entre las conquistas del movimiento campesino, negro e indígena, que se impusieron en la Constitución Política del régimen, podemos rescatar el artículo 63 en el que se determina que son inalienables, imprescriptibles e inembargables todos los terrenos que pertenezcan a grupos comunales, resguardos indígenas, parques naturales y los bienes que se determinen.
Las luchas del campesinado han presionado para que el establecimiento incluya instrumentos de propiedad colectiva y de protección a la pequeña propiedad campesina. Ahí está el origen de las Z.R.C. - Zonas de Reserva Campesina. Esta es una forma de propiedad colectiva campesina donde el terreno no sirve para darlo en prenda, ni se pueden transferir derechos sobre él. Es un espacio donde se pretende, según el texto, fomentar y defender la pequeña y mediana propiedad campesina. El Estado, se supone, con la decretación de ZRC, a más de limitar la concentración de tierras y prohibir el latifundio, deberá promover créditos subsidiados, asistencia técnica y formación de cooperativas de consumo. Sobra decir que estos criterios relacionados con la reforma agraria, no han superado el papel. Los resguardos indígenas, constituyen un ejemplo ya tradicional de propiedad colectiva, en la que intereses, usos, costumbres y vivencias, van incorporados al derecho de pleno dominio sobre sus terrenos, pero asignados como propiedad colectiva. Otro instrumento es el título de propiedad colectiva para tierras de comunidades negras, donde grupos organizados hacen acuerdos entre familias, comunidades y organizaciones para unificarse en un Consejo Comunitario y mediante este, acceder a la titulación colectiva de un predio determinado. Allí participan o deben participar representantes de los troncos familiares y de las organizaciones comunitarias con afinidad de intereses culturales. Estas tierras asignadas son, como los anteriores ejemplos, inalienables, imprescriptibles e inembargables. El cumplimiento y desarrollo masivo de las posibilidades de propiedad colectiva para tierras, de que dispone el ordenamiento jurídico del establecimiento, ha sido un verdadero engaño, pues exceptuando a los pueblos indígenas, quienes han tenido algún avance en este sentido, las demás comunidades rurales como son los pueblos afroamericanos y en particular el campesinado, han sido beneficiadas en un porcentaje que no alcanza el 4%.
APERTURA ECONÓMICA Y GLOBALIZACIÓN Cuando hablamos de la globalización, estamos haciendo referencia a los bloques económicos mundiales que han integrado los países más poderosos para dominar al mundo. Es una forma renovada de acumulación de capital y poder político. La globalización genera de hecho una fuerte dependencia de las economías débiles hacia los bloques conformados por el gran capital. En este juego perverso los llamados organismos multilaterales (Banco Mundial, BID, FMI, ONU) imponen reglas de juego que van en contravía de la soberanía y autodeterminación de los pueblos, sometiendo a la pobreza y marginación a la mayoría de la población. Uno de los rubros económicos importantes más afectados en lo que se denomina el tercer mundo es la agricultura, sobre todo la economía campesina. Las políticas macroeconómicas están orientadas al fortalecimiento de la agroexportación sobre la base del latifundio, y por tanto a costa del minifundio relacionado con la producción alimentaria y de subsistencia. Lo anterior ha generado una notable crisis en la economía campesina, visible especialmente en las unidades de producción familiar, poniendo en riesgo la autosuficiencia alimentaria. A la par se ha fortalecido el latifundio, en contrapartida al debilitamiento de los minifundios campesinos, trayendo cambios en la naturaleza del trabajo agrícola. La apertura implementada por la política exterior colombiana, especialmente a partir del gobierno Gaviria, hace 14 años, ha incrementado en un 700% las importaciones de alimentos, hasta alcanzar cifras cercanas a los 7.5 millones de toneladas anuales (según datos aportados por el Departamento Nacional de Estadística-DANE, en un estudio divulgado a mediados de 1999. Sin lugar a dudas, la importación masiva de alimentos (cereales, plátano, yuca, papa, verduras y legumbres) que constituyen la dieta básica de los colombianos y de paso el sustento económico del campesinado, ha acelerado el empobrecimiento de la población rural y ha destrozado la economía campesina dedicada a la producción de alimentos. Bajo el esquema de la globalización es que se ha desarrollado la llamada apertura económica, nivelando internamente a diferentes sectores productivos, desconociendo las diferencias sociales y económicas, mientras que se permite una competencia desleal con las importaciones. A pesar de que las estrategias de gobierno casi siempre van dirigidas a favorecer los agricultores de elite cercanos al poder político (ganadería y agroindustrias), también se han afectado sectores poderosos de la agricultura, como los arroceros. No obstante, y pese al ambiguo discurso social, se favorece claramente a los más ricos. Por ejemplo la imposición de aranceles muy altos para la importación de carne, contrasta con la política de fronteras abiertas para el ingreso desde el exterior de cereales. Por otra parte, la política de subsidios está orientada a favorecer la agroindustria. Un ejemplo patético es la multimillonaria industria de la caña ampliamente subsidiada, mientras los cultivos de pancoger como el plátano, la yuca, la papa, el maíz, el arroz, el tomate, la soya, el sorgo, el trigo etc. alimentos básicos y soporte de la economía campesina, son víctimas de la demagogia estatal en cuanto a protección de la producción nacional. Se subsidia a quienes tienen mejores posibilidades económicas, con lo que se favorece a sectores latifundistas, con un sentido abiertamente neoliberal y anticampesino. El ejemplo más concreto es el de la Caja Agraria que fue liquidada por el déficit que presentó en 1998, gracias a la corrupción administrativa y la desviación de recursos. Lo grave del asunto, y así lo registró la prensa oficial, es que los mayores deudores de la Caja no eran los campesinos, su razón de ser, sino los gamonales políticos, ganaderos y terratenientes, que usufructuaron el capital de esta entidad, para sus multimillonarias y corruptas campañas electorales. Las enormes dificultades sociales y económicas que viven los campesinos pobres colombianos, la ausencia de servicios sociales y públicos que dignifiquen la vida rural, las políticas neoliberales y la histórica legislación anticampesina, en suma con la voracidad latifundista y la violencia estatal, han incrementado escandalosamente la pobreza y han contribuido a polarizar el conflicto rural en el último siglo. En estas condiciones es cada vez más difícil para los labriegos sostenerse con los cultivos tradicionales ligados a la producción alimentaria. La baja rentabilidad que deja la injusta comercialización de sus productos, el acoso violento de terratenientes y gamonales políticos, y la ausencia de una estrategia política del Estado para proteger la economía campesina, son algunas de las razones de fondo, para la acelerada expansión de cultivos de coca y amapola en Colombia. Miles de desplazados han optado por la siembra de coca y amapola como último y único recurso para sobrevivir. La coca y la amapola constituyen a mi modo de ver, el más claro ejemplo de resistencia rural en la América Latina contemporánea, en tanto que constituyen un cultivo de sobrevivencia, al cual se aferran los labriegos para evitar la migración obligada a las ciudades. Para el imaginario del campesinado, los cultivos de coca y la amapola siguen siendo un fruto de la tierra. El único posible por condiciones geográficas, dadas las distancias y adecuación de los terrenos colonizados, áreas a donde fueron lanzados y obligados por las circunstancias sociales y políticas. Mientras no haya una reforma agraria al interior de la frontera agrícola en Colombia, es decir en la tierra que hoy está en manos del latifundio improductivo (ganadero y narcotraficante), y una propuesta viable y democrática de desarrollo rural, el campesinado no tendrá otra opción que la coca y la amapola, ya que estos cultivos no exigen grandes aportaciones en insumos y abonos, y no requieren demasiado costos de transporte y comercialización, dado que se venden insitu. Así mismo, mientras persista la demanda de sustancias psicoactivas, y se mantenga la racha de crecimiento en cuanto a consumidores (Sólo en EE.UU. pueden haber según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, unos 22 millones de consumidores de drogas), cuestión que sumada a la grave problemática rural y no-resolución de la cuestión agraria, el campesinado colombiano mantendrá los cultivos de coca y amapola incorporados a la economía campesina de susbsistencia. En relación con lo anterior, es muy importante separar dos realidades: narcotráfico y cultivadores. El narcotráfico, y los cultivos de coca y amapola se sitúan en planos diferentes, pese a que aparecen en la misma cadena. El auge del narcotráfico en Colombia y en el mundo, es consubstancial con la evolución del capitalismo contemporáneo. El tema del narcotráfico y la estrategia antidrogas de los EE.UU. es un tema que trataremos en forma separada y en otra conferencia. Por ahora adelanto algunas opiniones en relación con el mal llamado Plan Colombia, al que considero la más integral y genuina manifestación del capitalismo contemporáneo. Es un programa neoliberal que combina intervencionismo político, económico y militar, pero que hábilmente se presenta como un plan humanitario para defender la democracia y salvar al mundo de una amenaza, que en este caso es el narcotráfico. Es la lógica perversa sobre la cual se pretende sustentar su validez, encubriendo en forma tramposa las intenciones belicistas y financieras de los norteamericanos amangualados con la oligarquía colombiana. Los sectores poderosos, de por sí, ligados al gran capital en ambos países, apuestan a la derrota política y militar del movimiento popular de oposición, y en particular buscan doblegar a la insurgencia guerrillera. El propósito de Estados Unidos con el Plan Colombia, es el de intervenir en el conflicto social y político interno, para imponer y favorecer a importantes transnacionales del petróleo y del carbón, facilitar la privatización de las principales empresas estatales especialmente en los sectores de salud, educación y comunicaciones, proteger a los terratenientes empeñados en el desarrollo agroindustrial y ganadero, y principalmente, apoderarse sin impedimento alguno de las enormes riquezas de la amazonía.
PROPUESTA ALTERNATIVA PARA AVANZAR EN LA SOLUCIÓN DE LA GRAVE PROBLEMÁTICA DEL SECTOR RURAL, Y PARA RESOLVER LA CUESTIÓN AGRARIA EN COLOMBIA Partamos de una realidad. Es Condición inevitable, para construir una paz democrática en Colombia, con justicia social, la solución de la cuestión agraria. Es de carácter urgente, llevar a cabo una verdadera reforma agraria, integral, democrática, radical y al interior de la frontera agrícola. consideraciones:
2. Resolver mediante una política justa, que dé un tratamiento económico, político y social adecuado, al drama de los desplazados, no para mejorar condiciones, sino para resolver en forma integral y definitiva esta grave situación. Para este objetivo se precisa, además, el desmonte por parte del Estado de la estrategia paramilitar financiada por los gamonales políticos, los latifundistas y narcotraficantes. Se requiere de una reparación integral para las víctimas del desplazamiento forzado, y retorno digno con garantías plenas a sus propias tierras. 3. Expropiación y extinción de dominio para el latifundio. Inmediatamente devolver las tierras a sus legítimos dueños mediante la reforma agraria. 4. Fortalecer la economía campesina, para autoabastecer la demanda alimentaria de los colombianos. Pese a la violencia y al abandono del sector agrario, el campesinado sigue resistiendo y produciendo. Es urgente diseñar una estrategia política de Estado que defienda la economía campesina, y que dignifique la vida rural llevando servicios públicos básicos y posibles, como salud, educación, electrificación, mejoramiento de vías, asistencia técnica, mercadeo justo, prestamos blandos y subsidios de cosecha. Hay que presionar al establecimiento para que aborde con más claridad y voluntad política en el proceso de diálogo que adelanta con las FARC-EP, el tema de la soberanía alimentaria y el rescate de la economía campesina. Las FARC-EP en documento del comandante Alfonso Cano publicado a mediados de 1999, insiste en que defender la economía campesina constituye un principio nacionalista y patriótico, porque garantiza la seguridad alimentaria del país, genera empleo, estabiliza el sector primario como base para desarrollar otros ámbitos de la economía, contribuye al desarrollo de una sociedad en paz, pero, además, porque la economía campesina es vigente, viable y sostenible.
Luis Alberto Matta Aldana julio de 2001 |