La Biblioteca de la Escuela Colombia es una compilación de documentos que han sido de difusión pública (algunos de los cuales se encuentran en otros servidores) resultado de las diferentes manifestaciones de los diversos sectores y regiones del país, como también de la Comunidad Internacional. La inclusión de los textos en la biblioteca no compromete a la Escuela Colombia con el contenido de los mismos, ni con las organizaciones autoras.

POR UNA REFORMA AGRARIA QUE EXPRESE LOS INTERESES DE LOS CAMPESINOS Y LAS REGIONES

Durante todo el siglo XX, la violencia devastadora y sangrienta históricamente ensañada contra los campesinos de este país, se convirtió en el factor determinante para concentrar, todavía más, el derecho de dominio sobre la tierra. Despuntando el tercer milenio, la nación contempla con horror la arremetida criminal contra el campesinado, al que se sigue forzando a abandonar su terruño mediante las gigantescas operaciones militares y paramilitares, en beneficio del gran latifundio y el gran capital financiero transnacional. No resulta por eso errado afirmar que la raíz de todos los problemas que agobian al pueblo colombiano, se liga de una u otra manera al ancestral problema de los trabajadores del agro. Porque no se permitió nunca su organización política alternativa al bipartidismo, porque la represión y la muerte fueron siempre la respuesta a la expresión de sus necesidades, porque se privilegió la producción para el mercado internacional y se dio la espalda a la economía campesina, porque jamás hubo una efectiva reforma agraria que repartiera con equidad las tierras e impulsara las fuerzas productivas en el campo.

Basta con recordar las aspiraciones esgrimidas por los campesinos colombianos que paralizaron recientemente gran parte de la economía, en aras de ser atendidos en sus justos reclamos, para entender la dimensión de la enorme deuda que el Estado, las clases dominantes y su régimen político dejaron acumular con ellos. Cese de las políticas que fomentan la importación de millones de toneladas anuales de productos que en sus países de origen reciben cuantiosos subsidios directos, o que se obtienen a bajo costo por la extrema miseria de los productores, precios de sustentación que garanticen una rentabilidad justa para la inversión en el agro, crédito suficiente, oportuno y barato, control a los precios de los insumos, los impuestos, los combustibles y la energía eléctrica. Que se financien adecuadamente la investigación científica, la asistencia técnica y la ampliación y mantenimiento de distritos de riego, condonación de las deudas bancarias con el sector, como medida excepcional por ser hoy impagables, y fin de los procesos judiciales contra los deudores.

A lo anterior se sumó que se atendieran los reclamos democráticos de las comunidades indígenas y negras del país. Y un clamoroso anhelo porque no se vincule a Colombia al ALCA, en la medida en que ello significaría eliminar los aranceles y las cuotas de importación, estocada mortal para la escasa producción nacional que sobrevive hoy en el campo. Además en cuanto a las quinientas sesenta mil familias cafeteras, luchaban porque el gobierno nacional le transfiriera suficientes recursos al Fondo Nacional del Café, para elevar de manera inmediata el precio interno, al tiempo que promoviera el reclamo de los países productores ante los gobiernos de los Estados Unidos y demás países desarrollados, en contra de la agresión económica que significan sus estímulos a la superproducción mundial del grano. En resumen, exigían al gobierno de Andrés Pastrana Arango, continuador decidido de las políticas de apertura y privatizaciones dictadas y mantenidas desde hace una década por el Fondo Monetario Internacional, la modificación sustancial de la política neoliberal que ha sumido al agro y el país en un gran desastre, que amenaza crecer en proporciones incalculables.

El desprecio manifiesto del Estado colombiano hacia los campesinos, indios, negros, obreros y pueblo en general, contrasta con la adoración que brinda a los centros del poder económico internacional, a cuya voluntad diseña por completo la economía, la política, la sociedad y la cultura de nuestro país. Cuando dice preocuparse por la búsqueda de recursos estratégicos, lo que está diciendo es que hay que facilitar todas las condiciones a las multinacionales, para la exploración y explotación con el máximo de beneficio, de nuestros hidrocarburos y demás riquezas naturales. Cuando afirma que el ecosistema de nuestras vertientes y zonas selváticas es un emporio de riqueza hacia el futuro, está pensando en desplazar violentamente a los colonos e indígenas de esas áreas geográficas, para que las grandes trasnacionales puedan hacer su fabuloso negocio de servicios ambientales y biodiversidad. Cuando promueve la implementación de la agroindustria de la palma africana en el medio millón de hectáreas aptas para ese cultivo en Colombia, no le interesan para nada los campesinos desplazados previamente de ellas por el proyecto paramilitar, sino garantizar jugosas ganancias al gran capital financiero nacional y trasnacional, que encontrará en los aterrorizados habitantes restantes la mano de obra suficientemente barata.

Finalmente, cuando aprestan su aparato de muerte y de terror para agredir brutalmente las zonas campesinas de Colombia, en donde habitantes olvidados recurrieron al cultivo de hojas de coca y amapola, en una economía de supervivencia para la cual no ofrecen ninguna alternativa viable, están dando la espalda de manera despiadada a los hijos de este pueblo, a fin de contribuir al monopolio del fantástico negocio que para el gran capital financiero especulativo representa el narcotráfico, amén de beneficiar a los traficantes de armas, de insumos industriales necesarios para la producción de las drogas y de los venenos químicos con los que se fumiga la fauna, la flora y la gente de las regiones productoras. Los conquistadores españoles esclavizaron y forzaron a los aborígenes americanos hasta reducir su número a una cifra que los obligó a traer negros del África y a diversificar las formas de explotación de la mano de obra de los indios. Todavía hoy los explotadores aplican la misma lógica. Con el desplazamiento forzado de los campos, la guerra sucia y el genocidio que se comete contra el pueblo colombiano, se consiguen las condiciones ideales para ofrecer salarios de hambre y sobreexplotación a la clase trabajadora. No puede interpretarse de otra manera la reforma laboral del ministro Santos.

El Programa Agrario de los Guerrilleros de las FARC-EP recoge los clamores de los campesinos, de los sectores afrocolombianos y de los pueblos indígenas en lucha. Ninguna de sus legítimas aspiraciones, se queda por fuera de las banderas que levantaron los hombres y mujeres que se alzaron en Marquetalia. La Octava Conferencia Nacional de Guerrilleros de las FARC celebrada en 1.993, habría de reafirmarlas y ampliarlas. La alianza del imperialismo norteamericano con los más reaccionarios sectores de la oligarquía latifundista y capitalista de nuestro país, expresada en la aplicación de la doctrina terrorista de seguridad nacional, por parte de las fuerzas armadas fascistas, adoctrinadas en la Escuela de las Américas, continúa siendo la causante del atraso, la miseria y la violencia que padece el pueblo colombiano. Pensar en una solución intermedia, de consenso, dialogada, sin la erradicación del latifundio criminal dominante en nuestro país, resulta menos que imposible. El derribamiento de esos tres pilares de la injusticia institucionalizada en Colombia, debe ser el objetivo central de las luchas de todos los colombianos que sueñan con una patria amable, en desarrollo, democrática y con justicia social.

Tierra gratuita para el que quiera trabajarla sobre la base de la confiscación del latifundio, asistencia técnica y de infraestructura, suministro de semillas, herramientas y animales de labor, unidades económicas mínimas de explotación agropecuaria, conforme a la calidad y ubicación de las tierras entregadas en propiedad, condonación de las deudas con los especuladores del crédito, préstamos a bajos intereses y con facilidades de pago, seguros de cosechas y precios remunerativos y de sustentación, sistemas planificados de irrigación y electrificación a la par con centros oficiales de investigación, experimentación y extensión agrotécnicas. Salud, educación, vivienda campesina, vías de comunicación, centros de mercadeo. Recuperación de las tierras para los resguardos indígenas, extensión de los beneficios de la reforma agraria para ellos y reconocimiento de su autonomía, entrega de terrenos a las comunidades negras respetando sus criterios de territorialidad y cultura, formas de propiedad colectiva campesina con apoyo a sus organizaciones, reparación integral para las víctimas del desplazamiento forzado, defensa de la propiedad soberana sobre los recursos genéticos y la biodiversidad, planes de reforestación y protección de las cuencas hidrográficas, plan de desarrollo económico aprobado democráticamente que proteja y amplíe nuestros bosques, selvas y humedales.

Las FARC-EP proponemos también el estímulo a la industria y la producción agropecuarias, implementando formas de proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional. Y ayuda permanente para el mercadeo nacional e internacional. Hablamos de respetar la propiedad de los campesinos ricos que trabajen personalmente sus tierras, de preservar las formas industriales de trabajo en el campo y de conservar las grandes explotaciones agropecuarias destinándolas al desarrollo planificado de todo el pueblo. Nos oponemos radicalmente al Plan Colombia, proponemos la erradicación manual de cultivos ilícitos, asociada a planes concertados con las comunidades productoras y exigimos el respeto del medio ambiente en contra de las fumigaciones. En la misma dirección marchan nuestras propuestas de proyecto piloto en Cartagena del Chairá y repoblamiento ganadero y humano en las sabanas del Yarí. Nada de lo anterior podrá conseguirse sin la más amplia unidad democrática de la totalidad de las organizaciones vinculadas al sector rural, y el apoyo cerrado de los sectores obreros, estudiantiles, de desempleados, femeninos, comunales y populares en general.

Las FARC-EP proponemos a todos los colombianos y al gobierno nacional que se programen y celebren unos foros regionales sobre el problema agrario en nuestro país, con el propósito de que tanto los campesinos como sus organizaciones y demás personas con intereses en el agro, expresen de manera más detallada y precisa la naturaleza de los problemas que viven en sus regiones, y propongan las soluciones particulares que atañen a su situación concreta. Dichos foros se realizarían en el marco de las audiencias públicas que se cumplen en Villa Nueva Colombia en desarrollo del proceso de paz, y significarían una nueva etapa de estas, para dar un paso más adelante en el campo de las propuestas específicas de solución a su problemática.

La idea es que el Comité Temático pueda entregar a la Mesa Nacional de Diálogos unas conclusiones más concretas y elaboradas como producto directo de estos foros, en las que se exprese cómo consideran los hombres y mujeres del campo que deben ser solucionados los problemas de la tenencia de la tierra, la productividad agropecuaria y la elevación de su nivel de vida, de conformidad con las peculiaridades propias de cada región. De esa manera, creemos que las expectativas sembradas entre los participantes en las audiencias públicas y el resto de la nación, con relación a la suerte de las propuestas presentadas en el curso de esas audiencias, se verían mucho mejor expresadas y alcanzarían un mayor nivel en cuanto a su viabilidad por materializarse en hechos tangibles.

Proponemos que dichos foros se convoquen por regiones, partiendo de la realidad geográfica, social y política de nuestro país, de la cual resulta claro que las situaciones en las que se manifiesta la crisis agropecuaria son distintas según las condiciones específicas en que viven y producen los trabajadores del agro. En la zona cafetera del país, el problema se manifiesta de una forma diferente a como se expresa en la zona del Catatumbo. De igual forma, la situación que enfrentan los trabajadores agrícolas en las sabanas de la costa atlántica es diferente a la que enfrentan los cultivadores de hoja de coca en el Putumayo. Así podría decirse también con relación a los campesinos del Magdalena Medio desplazados en beneficio de la agroindustria de la palma o los cultivadores de papa en el altiplano cundiboyacense. Los ejemplos son muchos.

Es innegable que en cada región de Colombia la crisis se manifiesta de una u otra manera aunque el factor determinante de ella sea el tipo de políticas impuestas por los centros de poder internacional del gran capital, hechas suyas por los últimos gobiernos colombianos. Y nadie mejor que los destinatarios y víctimas de estas políticas para proponer fórmulas concretas de solución según la forma particular en que se ven afectados por ellas. No se trata de crear un mecanismo distinto a las audiencias públicas, sino de una diversificación de las mismas en la búsqueda de mejores formas de aproximación a los problemas del país. Estamos seguros que de esta manera estarían mucho más cerca las soluciones reales a los mismos.¨

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