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CULTIVOS ILÍCITOS Y AGENDA DE PAZ MEMORANDO

Borrador elaborado por: Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ

Colombia, 14 de noviembre de 2000

Este Memorando compendia las principales propuestas sobre el tema, expresadas en diferentes documentos, eventos, foros, seminarios y talleres, realizados este año. No pretende abarcar todos los aspectos, ni sustituir las relatorías y conclusiones, sino estimular una discusión hacia la búsqueda de soluciones pacíficas, alternas a la llamada guerra a las drogas; auspiciada por los EE.UU., que significa, entre otras cosas, la criminalización de los campesinos cultivadores y de quienes sufren la drogadicción.

Evaluación de la política

Diversos análisis sostienen que las leyes antidroga y el prohibicionismo han creado el problema que hoy padecen países, como Colombia, donde existen cultivos declarados ilícitos[1].

En el acto de instalación del Encuentro Internacional por la Paz y los Derechos Humanos, realizado en San José de Costa Rica (16, 17 y 18 de Octubre del 2000), las organizaciones civiles que convergen en Paz Colombia propusieron la conformación de una COMISIÓN MUNDIAL DE ALTO NIVEL SOBRE EL TEMA DE LAS DROGAS, para que en este período (cese multilateral al fuego, por 100 días) se pronuncie sobre la evaluación de veinte años de guerra antidrogas y sobre las opciones de despenalización y legalización. Dicha comisión rendiría su primer informe ante las Naciones Unidas y ante las organizaciones participantes en el Encuentro de Costa Rica. Para el desarrollo de sus labores la comisión contaría con un grupo técnico de apoyo integrado por académicos y científicos colombianos.

Muchas personas, entre ellas ilustres intelectuales, sostienen que se debe promover el debate internacional sobre la legalización de la droga[2]. Argumentan que la legalización es la única estrategia con posibilidades de éxito en la lucha contra el tráfico de narcóticos, pues a las organizaciones criminales que actúan alrededor del fenómeno de las drogas sólo logrará derrotárselas cuando se les desvertebre su estructura financiera, edificada sobre los inmensos rendimientos que produce el prohibicionismo[3].

2. Reforma a la Ley 30 de 1986 y a otras normas

Descriminalizar a los campesinos productores de látex de amapola, marihuana y pasta básica de coca, como condición para iniciar cualquier diálogo con ellos, modificando la Ley 30 de 1986.

Levantar la prohibición del cultivo de la coca y apoyar el uso de la hoja para fines medicinales, alimenticios e industriales alternativos.

Descriminalizar el consumo y tratar el abuso de drogas como asunto de salud pública, de la misma manera que hoy se hace con el alcohol y el tabaco.

Concentrar la #;represión legítima#; (Law Esforcement) en los eslabones de la cadena financiera de los ilícitos, suministro de insumos, narcotráfico y paraísos fiscales; eliminar las facilidades jurídicas y fiscales para repatriar y legalizar las ganancias ilícitas, con base en acuerdos internacionales de responsabilidad compartida.

Suspender la fumigación química y todo proyecto de guerra biológica para la erradicación de cultivos, pues estas acciones incrementan los desplazamientos forzados de personas, agudizan la crisis humanitaria, vulneran los derechos humanos y el entorno natural.

Crear una Auditoría Ambiental que garantice el ejercicio imparcial de sus funciones, eliminando los vínculos económicos y políticos con los entes nacionales e internacionales comprometidos con la política de erradicación agroquímica.

3. Políticas de sustitución y erradicación

En lugar de recomendar cultivos sustitutivos, se sugiere derivar hacia complejos de actividades en competencia con los ilícitos, que establezcan condiciones para la sustitución voluntaria y gradual por parte de las comunidades campesinas. Por lo tanto, se trata de una acción sostenida a largo plazo, teniendo en cuenta que mientras haya demanda de narcóticos habrá también su correspondiente oferta.

Otra idea fundamental es el enfoque de "Región", de construcción social de espacios, que permita emprender tales propuestas competitivas con base en la autogestión, en el desarrollo del poder local de las comunidades campesinas; así como en lo que estas saben hacer y en el mejoramiento de las explotaciones agrícolas y pecuarias mediante prácticas como el potrero arborizado, la ganadería estabulada, la silvicultura, la acuicultura, la zoocría controlada, la agroforestería y múltiples modelos agrícolas alternativos, biodiversos y asociados. Este enfoque regional debe contribuir al fortalecimiento de la solidaridad veredal y entre vecinos y a una relación más armónica con el entorno natural.

No es viable una propuesta de pactos de erradicación espontáneos o no, como consecuencia del peso disuasivo de las fumigaciones o de plazos perentorios. Es necesario tratamientos regionales, reconociendo la diversidad social, económica y cultural de las comunidades. Un ejemplo de esto son los Planes de Vida de los pueblos indígenas.

Con base en parámetros regionales rigurosos, es indispensable distinguir entre cultivos empresariales y cultivos campesinos y aplicar estrategias diferenciadas en cada uno de los casos: (1) erradicación sin compensación y por medios manuales o mecánicos no contaminantes para las grandes extensiones; (2) para las siembras pequeñas y medianas sustitución gradual, manual, limpia y concertada, compensada económicamente.

Establecer mecanismos ágiles y eficaces para la tramitación de demandas de reparación económica por daños causados a la población civil y al entorno natural por las operaciones antinarcóticos.

Crear zonas de desarrollo alternativo con la insurgencia; delimitar y establecer Laboratorios de Desarrollo Alternativo, Paz y Protección Ambiental, mediante el acuerdo tripartito del Estado, las comunidades y los actores armados, para la reconstrucción social, económica, ética, política y ambiental de las regiones afectadas por los cultivos ilícitos y el narcotráfico. En relación con estos acuerdos sería establecida una Comisión Internacional de Veeduría y Verificación.

En el Encuentro internacional de Costa Rica (octubre de 2000) se propuso estructurar un Fondo Estatal de Promoción de la Paz de Colombia, coordinado desde las Mesas de Dialogo y Negociación por el Gobierno nacional y la insurgencia, gestionado con participación de las organizaciones sociales, para estimular proyectos de desarrollo social (entre los cuales estarían estos laboratorios de desarrollo alternativo). En este fondo confluirían recursos de Cooperación Internacional y los del actual Fondo de Inversión para la Paz.

4. Políticas estructurales

En relación con la colonización clásica y las economías campesinas se propone su rehabilitación; en relación con la población que se fue para las zonas de cultivos con el "boom" de la economía ilícita, raspachines (jornaleros recolectores de hoja de coca) y población proveniente de sectores urbanos, la reintegración social paulatina en sitios de origen. A esto deberán contribuir políticas como las siguientes:

Construcción de un nuevo modelo de desarrollo que amplíe la escala de oportunidades entre los sectores más pobres;

Reforma agraria con redistribución democrática de la tenencia de la tierra dentro de la frontera agrícola, que favorezca la economía campesina, contribuya a superar el desplazamiento forzado y la migración a las regiones no agrícolas, como las selvas y páramos;

Reordenamiento territorial participativo que delimite las áreas ocupadas y protegidas, fortalezca la economía campesina en las regiones de colonización consolidada y sustraiga los territorios de colonización cocalera sin perspectivas para una reconversión productiva sostenible. Los programas de reubicación de población que de allí se deriven tendrán un carácter voluntario y gradual, previa oferta de garantías para una vida digna y segura en los sitios de llegada.

Políticas de desarrollo social, empleo y capacitación de carácter preventivo que contengan tanto la expansión de los cultivos ilícitos, como la expulsión neta de población hacia los principales centros de producción de hoja de coca o amapola. Las barriadas pobres urbanas constituyen uno de los orígenes del cultivador de ilícitos, por lo cual se propone construir allí un sistema educativo hacia el autoempleo, entendido como diversificación del trabajo. Las microempresas familiares podrían jugar aquí el papel principal. También se sugiere impulsar asociaciones de productores.

5. Políticas de paz y corresponsabilidad internacional

Cien días por la paz de Colombia. Un aspecto esencial es la promoción y defensa de una solución política negociada al conflicto armado en Colombia, en oposición a las estrategias impuestas por los EE.UU. en el #;Plan Colombia#;. En el Encuentro Internacional por la Paz y los Derechos Humanos, realizado en San José De Costa Rica (16, 17 y 18 de Octubre del 2000), Paz Colombia hizo un llamamiento por un cese multilateral al fuego, por 100 días, con el fin de ambientar los diálogos y las negociaciones hacia la solución política, con la participación de la sociedad civil y el apoyo de la comunidad internacional. El llamamiento también comprende la promoción, durante estos cien días, de Pactos concretos para la erradicación voluntaria, manual, concertada y verificable de cultivos ilícitos, la puesta en marcha de proyectos alternativos viables y la formulación de propuestas para un proceso de redistribución democrática de la tenencia de la tierra. A fin de facilitar este proceso, dice también el llamamiento, es indispensable suspender la guerra química y eliminar las amenazas de guerra biológica como estrategia frente a los cultivos ilícitos.

Como parte de las acciones inmediatas para sustituir la guerra por la política: Tregua armada multilateral, acompañada de compensación del recurso para el sostenimiento de la fuerza insurgente y sustitución de cultivos en áreas delimitadas.

Tal compensación, implicaría un esfuerzo de parte del Estado, con recursos económicos nacionales o internacionales; se vincularía también con la financiación y promoción de proyectos y planes de desarrollo alternativo en las zonas de influencia, con base en el Fondo de promoción de la paz ya mencionado, coordinado desde las Mesas de Dialogo y Negociación por el Gobierno nacional y la insurgencia.

Crear una Comisión Latinoamericana de Paz que responda a los impactos del Plan Colombia sobre la región andinoamazónica, de apoyo internacional a la paz de Colombia y de rechazo a los efectos sobre la población civil por la guerra, la fumigación química y las amenazas de guerra biológica; con base en la defensa de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Nuevo concepto de responsabilidad internacional compartida. Esta no puede consistir en la ayuda militar; o para un desarrollo alternativo; entendido como complemento de acciones de fuerza contra los países productores. Se hace indispensable, en conclusión, redefinir la política frente a las drogas, aceptar que no es posible eliminarlas, buscar el mínimo daño para quienes entran en contacto con ellas como consumidores y promover el debate internacional sobre la legalización.

REFERENCIAS:

Aura María Puyana. Cultivos ilícitos y paz: hacia una agenda de la sociedad civil, mayo 2000. www.ceudes.org

Acción Andina, TNI, Cultivos ilícitos y proceso de paz en Colombia; (Ricardo Vargas Coordinador de la publicación), Bogotá, junio de 2000. www.tni.org/drugs.

Adriana Rodríguez, Erradicación de la coca en la Amazonia: ¿alternativa de paz o propuesta de guerra?, agosto de 2000. www.ceudes.org

Darío González, Guerra biológica en Colombia: las falacias del control biológico; y Guerra biológica y bioprospección, agosto de 2000. www.ceudes.org.

Defensoría del Pueblo, Los cultivos ilícitos, política mundial y realidad en Colombia, Bogotá, agosto de 2000.

Fundación Presencia, Agenda por Colombia, Narcotráfico, Internet.

Indepaz Mandato Ciudadano por la Paz, Cultivos ilícitos, narcotráfico y agenda de paz; (compendio), Bogotá, junio de 2000.

Mario Mejía, Anotaciones a la economía ilícita de la cocaína, junio 2000. www.ceudes.org

Mesas Ciudadanas para la Agenda Económica y Social, Memorias, mayo de 2000.

OPIAC, Los pueblos indígenas actores insustituibles. Septiembre de 2000. www.ceudes.org

Paz Colombia, Implicaciones sociales, económicas, políticas e internacionales de la lucha contra el narcotráfico y la corresponsabilidad internacional, Costa Rica, octubre de 2000.

Revista El Malpensante; No. 25, septiembre 8211; octubre de 2000. www.elmalpensante.com

[1] La coca, que solía masticar una minoría indígena en nuestras montañas aisladas, se convirtió en un artículo de lujo gracias a la política del gobierno norteamericano. Poco tuvimos que ver con ella, ni en sus orígenes, ni en sus fatales resultados. Pero ahora somos The Colombian Connection. (Alberto Lleras Camargo. Bogotá, EL TIEMPO, febrero de 1979).

[2] Véase entrevista a Milton Friedman y otros documentos, en: Revista El Malpensante; No. 25, septiembre; octubre de 2000.

[3] Fundación Presencia, Agenda por Colombia; Narcotráfico, Internet.

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